El Consejo de Ministros del viernes 28 de marzo anunció el cierre obligatorio de las actividades económicas que se consideren no esenciales durante un periodo de diez días (desde el próximo 30 de marzo hasta el 9 de abril). Se ha tenido en cuenta como actividad económica esencial el asesoramiento a las empresas y ciudadanos en materia fiscal, legal, económica, financiera, empresarial y sociolaboral considerando que estos profesionales, entre los que se encuentran los economistas, son determinantes para que el funcionamiento normal de las empresas permita al Estado que se nutra de los ingresos necesarios, a través de los impuestos, al objeto de sostener el sistema público del país.
El Gobierno de España, en su reunión del martes 31 de marzo, decidió mantener el actual calendario de presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos estatales a pesar de haberse decretado el Estado de Alarma, tal y como queda recogido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y posteriormente prorrogado hasta el 12 de abril en virtud del Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo. Esta decisión dista mucho de las tomadas por otros países de la UE que han permitido extender los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la generalidad de las empresas, así como las ofrecidas por la mayoría de las Comunidades Autónomas de nuestro país, ampliando plazos de presentación de autoliquidaciones de pagos de tributos propios, tal y como ha constatado el Consejo General de Economistas.
Sin embargo, la realidad de las empresas, autónomos, y ciudadanos en general que son clientes de estos profesionales es que necesitan, en muchos casos, de la relación personal con sus clientes a la hora de recabar la información necesaria para realizar la presentación de los impuestos en las diferentes Agencias Tributarias y ayudarles a solventar las dificultades económicas y financieras que esta situación les acarrea y que, en muchos casos, no disponen de la posibilidad del teletrabajo o de medios telemáticos a su disposición. A esto se añade la realidad de que muchas pymes y micropymes se encuentran cerradas y su personal de dirección, gestión y de administración se encuentran (salvo actividades concretas) recluidos en sus casas, tal y como obliga el Estado de Alarma.
Por este motivo, se apela a la sensibilidad del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de España al objeto de que instrumente un procedimiento que permita que los empresarios, autónomos y ciudadanos, en general, puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, así como gestionar sus necesidades financieras. Para ello, sería necesario que se aplazaran los impuestos o bien que se ampliaran los plazos de presentación, junto con la moratoria generalizada de los mismos al objeto de proporcionar liquidez; de esta forma se lograría dar la oportunidad a todos los contribuyentes para que puedan, sin presión y con el suficiente tiempo, cumplir con sus obligaciones fiscales, financieras y laborales.
Así mismo, se considera que “es de suma importancia para “curar” y dar viabilidad al “drama económico” y la situación financiera de las empresas y autónomos de Cantabria, que el Gobierno apruebe medidas drásticas para hacer frente a la ausencia de cobros y a la premura de los pagos”. Para ello, en los continuos reales decretos se echan en falta actuaciones esenciales para la supervivencia de las empresas tales como:
•Préstamos a largo plazo (los avalados por el ICO) con carencia mínima de uno o dos años sin comisiones de apertura y, sobre todo, de cancelación anticipada, y con un tipo de interés mínimo de un máximo del 1%, más cuando los intereses de las distintas instituciones europeas e internacionales (BCE, FMI…) son al 0%.
• Instrumentar e incrementar las líneas de préstamos participativos por parte de las Sociedades de Gestión que permitan dar liquidez y solvencia a las empresas consolidando su situación actual y sobre todo la futura.
•Agilizar el pago a proveedores de las Administraciones Públicas ya que las facturas deben pagarse de inmediato.
•Pago de las ayudas y subvenciones de manera inmediata, sin alargar los trámites burocráticos y formales de aquellas que están ya concedidas.
•Pre conceder financiación a emprendedores en proyectos viables sin alargar los plazos lo que ayudará a salir antes de la crisis del COVID-19 logrando poner en marcha con mayor agilidad dichos proyectos.
•Incrementar las inversiones y los gastos públicos temporalmente que permitan “suplir” los “vacíos” que la inversión y el consumo privado está generando por estado de alarma y sus consecuencias.
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