16/06/2024

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El Ministerio de Consumo abre nuevos expedientes por «falsas rebajas» e investiga posibles fraudes en las ofertas del verano

Presuntas rebajas engañosas en el último «Black Friday»

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha abierto dos nuevos expedientes sancionadores a dos grandes operadores de comercio electrónico por presuntas rebajas engañosas en el último «Black Friday».

Estos nuevos expedientes se unen a los que este mismo ministerio abrió hace dos semanas a otras dos grandes empresas de compra online por esta misma práctica durante el conocido como «Viernes Negro», un momento de significativas rebajas en muchas tiendas y grandes almacenes para incentivar compras por parte de las personas consumidoras en el último fin de semana de noviembre.

Como rebajas engañosas se entiende el hecho de que estos operadores habrían subido el precio de varios productos antes del «Black Friday» para luego rebajarlos a su precio original. Para mostrar en qué consiste esta práctica, se ofrece -como ejemplo- un caso real incluido en uno de los nuevos expedientes, en este caso a una compañía que vende ropa deportiva de forma online:

  • En la investigación se ha detectado que, entre el 18 y el 19 de noviembre, se ofertaban unas zapatillas deportivas por 29,99 €.

  • El 20 de noviembre, se subió el precio de las zapatillas a 48,95 €.

  • El 24 de noviembre (coincidiendo con el «Black Friday»), se volvió a bajar el precio de las zapatillas otra vez a los 29,99 €.

De esta forma, las personas consumidoras se exponen a la falsa creencia de poder adquirir un producto con una rebaja de 18,96 €, algo que no se corresponde con la realidad ya que se elevó su precio en los días previos.   El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señala que estas prácticas supondrían una infracción del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Esta norma indica que cuando se oferte un artículo debe mostrarse el precio anterior y que este precio debe ser el menor que hubiese sido aplicado sobre ese artículo en los treinta días precedentes. De esta manera, apunta la ley, la persona consumidora podrá hacer una correcta comparación. En base a esta norma y también al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, las «falsas rebajas» pueden considerarse prácticas desleales y pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000€, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

La Dirección General de Consumo ha recabado información de este tipo de prácticas durante una investigación previa que puso en marcha por considerar que existían indicios de que dichas operadoras estarían llevando a cabo estas prácticas en sus ventas online. Bajo esta premisa, se procedió a la monitorización diaria de más de 1.000 productos de cara al «Black Friday». Esta monitorización se llevó a cabo mediante la herramienta «Price Reduction Tool» de la Comisión Europea y arrojó los siguientes resultados: más de un 20% de los productos analizados presentaron incumplimientos y un 60% de las empresas investigadas habrían cometido esta práctica fraudulenta. De hecho, la Dirección General de Consumo manifiesta que aún permanece abierta la investigación a otras empresas, a las que también se les podría abrir un expediente sancionador, ampliando así los cuatro actualmente abiertos.

Rebajas de Verano

Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anuncia que va a reforzar a la monitorización de más productos de cara a las rebajas de verano que, según suele ser habitual, arrancarán a mediados de junio. El objetivo, asegura el ministerio, es velar por los derechos de las personas consumidoras y controlar que las empresas no realicen estas «falsas rebajas«. De ser así, advierten, se abrirán expedientes sancionadores a los operadores que lleven a cabo esta práctica, siempre relativa a compras en línea por Internet. Así mismo, desde la Dirección General de Consumo recuerdan que la apertura de los nuevos expedientes sancionadores no prejuzga el resultado final de la investigación, y se informa que ahora se abre un periodo máximo de 9 meses para la instrucción de los mismos y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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