El Cierre Digital accede a las declaraciones de víctimas y testigos sobre los presuntos «implicados en el caso de la supuesta extorsión perpetrada por un agente de la Guardia Civil de Cantabria en el club New Borgia en 2022«. Un agente del destacamento de Tráfico de Torrelavega «exigió la devolución de 50 euros tras la negativa de una trabajadora sexual a tener sexo sin condón». El coronel de Cantabria, Antonio Orantos, fue denunciado judicialmente por este asunto, publica https://elcierredigital.com en una información firmada por María Montero.
Se ‘masca la tensión’ en la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria por el caso aún sin resolver por el coronel jefe, Antonio Orantos, de la «supuesta extorsión ejercida por un agente de Tráfico que está bajo su mando contra una trabajadora sexual y la recepcionista del club New Borgia en 2022«, según revelan fuentes internas del Instituto Armado a elcierredigital.com.
Al parecer, «el guardia civil, haciendo uso de su carnet profesional, exigió la devolución de 50 euros de un servicio sexual a la recepcionista del club tras la negativa de una trabajadora sexual a tener sexo sin condón con el agente en este establecimiento», según las manifestaciones de fuentes cercanas al New Borgia.
Por otra parte, el coronel jefe de Cantabria Antonio Orantos fue denunciado judicialmente por presunta «omisión de perseguir delito» en relación con este asunto. La denuncia, interpuesta por la Asociación Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO), tiene como objetivo que se esclarezcan los hechos. No obstante, este caso está siendo instruido por el Juzgado de Medio Cudeyo, por lo que la causa judicial sigue abierta.
En sus investigaciones periodísticas, elcierredigital.com ha podido acceder a las declaraciones de algunas víctimas y testigos que, mediante entrevistas con este diario, afirman que «corroboran este suceso» y que podrían «identificar a algunos de los guardias civiles del grupo que acudieron a tomarse unas copas al club New Borgia en diciembre de 2022 sin pagar la entrada ni la consumición en el local«. También declaran estas mismas fuentes que estarían «dispuestos a reconocer al agente supuesto autor de la extorsión contra la trabajadora sexual y la recepcionista del club», y además, «al acompañante de este guardia civil, que también pagó por otro servicio sexual a otra chica en ese mismo momento».
Estas fuentes también sostienen que «las víctimas sufrieron un ‘miedo insuperable’ por lo que no se atrevieron a denunciar estos hechos por temor a mayores represalias al tratarse de agentes de la autoridad».
Identifican a tres agentes
Fuentes conocedoras del suceso relatan a elcierredigital.com que los hechos sucedieron «en diciembre de 2022, con un grupo de cuatro o cinco agentes de la Agrupación de Tráfico de Cantabria, que venían de un almuerzo. Tras realizar una llamada telefónica a un guardia civil retirado para que contactara con el encargado del club New Borgia y avisara de la visita del citado grupo, se personaron en el club y haciendo valer su condición de conocidos del guardia jubilado ante el portero del local, lograron acceder al establecimiento y consumir unas copas de manera gratuita».
Estas fuentes revelan que «el guardia civil que pidió el favor por teléfono podría tratarse, presuntamente de un sargento del destacamento de Tráfico de Torrelavega, quien se encuentra ahora destinado en una comisión en Herrera de Pisuerga, en Palencia«. Por eso, en opinión de las fuentes consultadas, «el juzgado debería citar tanto a este agente como al guardia jubilado que recibió la llamada telefónica de éste, para poder resolver el caso».
Las víctimas y testigos cercanos, tal y como declaran estas fuentes a elcierredigital.com –que por el momento mantiene los nombres de los señalados en el anonimato–, «han podido identificar, al 99 por ciento, al presunto autor de la extorsión, otro guardia civil de Tráfico de Torrelavega«, por lo que creen «imprescindible» una rueda de identificación ante la autoridad judicial para que las propias víctimas «puedan hacer valer sus derechos».
Y aseguran que «también pueden señalar al acompañante de este agente, quien también obtuvo servicios sexuales de otra chica en el alojamiento del club el día del suceso». Y sostienen que, según el relato de las víctimas, «el guardia civil, supuesto autor de la extorsión, amenazó, presuntamente, a la trabajadora sexual con su residencia al ser de nacionalidad extranjera«. De hecho, aseguran que tras el suceso «esta persona decidió irse de Cantabria. Actualmente frecuenta una sala en Córdoba, porque no se atreve a regresar a Santander«.
En cuanto a la recepcionista del club, las fuentes aseguran que «discutió fuertemente con el guardia civil y el agente exhibió su carnet profesional para recuperar los 50 euros que había pagado por el servicio sexual». La recepcionista le respondió que «la recepción no obtiene dinero y es ajena a las relaciones privadas que se mantienen en las habitaciones». Además, le dijo: «A mí no me enseñes la placa de policía que aquí vienes de fiesta, no estás de servicio«. Y el guardia civil, «en tono amenazante» le contestó: «Si no me devuelves los 50 euros, vas a tener problemas».
Ante la presión del agente, aseguran estas fuentes, «la recepcionista llamó por teléfono al encargado del club, que se encontraba fuera del local durante el altercado, y finalmente acordaron reembolsar los 50 euros al guardia civil con el propósito de finiquitar el conflicto lo antes posible y de que el agente abandonara el alojamiento para no incomodar a otros huéspedes».
El guardia civil señalado por la presunta extorsión fue visto en el club vestido con «una cazadora de cuero marrón, unos pantalones pitillo oscuros, con una apariencia de entre 45 y 50 años, en buena forma física, estatura y complexión media, de semblante bronceado, con cabello oscuro muy corto, a modo de cabeza rapada». El segundo agente que subió a las habitaciones con otra de las chicas, «aparentaba la misma edad, peor forma física, mediana estatura y complexión, cabello canoso, bigote y gafas, pero no dio problemas con la chica y se fue de la habitación al finalizar el servicio».
El ‘mensaje’ de las víctimas y testigos
Las propias víctimas y otras fuentes cercanas al club New Borgia manifiestan a elcierredigital.com la necesidad de protección que tienen estas mujeres vulnerables. Y solicitan que «sus declaraciones no se oculten a la Dirección General de la Guardia Civil ni a la autoridad judicial» y ponen en valor «su actitud de colaboración desde el principio con la policía».
También señalan que «cuando el sargento Fernando Ávila, instructor de este caso, tomó declaración a las víctimas, habría manifestado que al menos una de las víctimas no debía ir de visita a los puestos de la Guardia Civil a tomar un café, que denunciar no serviría de nada pues era muy difícil localizar al autor del delito, que podía ser de otra localidad».
Las víctimas aseguran haber sentido «miedo e impotencia» y testigos afirman que «lloraron durante horas cuando se fueron los guardias civiles del club, anhelan contar la verdad y que la sociedad sepa lo que ha pasado, y no quieren que se tape este caso».
‘Malicia por intentar ocultar los hechos’
Fuentes internas del Instituto Armado indican a este diario que «estos hechos revisten una gran gravedad y afectan a la imagen de la Guardia Civil, especialmente a la de la Comandancia de Cantabria y a las unidades de Tráfico». Por otra parte, al parecer «existen sospechas de un presunto intento de ‘intoxicación’ que buscaba hacer creer que este suceso nunca había existido, algo ‘malicioso’ que podría llegar a contravenir el testimonio de las víctimas».
Ante estas sospechas, fuentes policiales consultadas opinan que estas «mujeres afectadas deberían ser protegidas ya que sus testificales sobre los agentes presuntamente implicados podrían derivar en unas nuevas diligencias de investigación para Asuntos Internos de la Guardia Civil».
‘Malestar’ en la Comandancia cántabra: ‘Operación Napoleón’
Estos hechos se han puesto en conocimiento del director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, de Asuntos Internos y Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, según ha sabido elcierredigital.com. De igual forma, se ha informado de la situación de las víctimas al defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo.
También se les ha dado traslado de las denuncias judiciales interpuestas por la UO sobre este caso publicadas en prensa, así como de las quejas de víctimas y testigos sobre el informe realizado por los instructores de la información reservada inicial elaborada por el comandante de la Guardia Civil, José Manuel Carazo, y el sargento de la Policía Judicial de Castro Urdiales, Fernando Ávila.
Este informe «fue remitido posteriormente por la Guardia Civil a diversos juzgados, tal como consta en las diligencias judiciales, pero sin algunas manifestaciones ‘clave’ de los trabajadores del club, y sin que conste la imperiosa necesidad de recabar el testimonio del guardia civil jubilado que ayudaría a localizar a los agentes que fueron al club presuntamente implicados en el altercado», subrayan a este diario estas fuentes.
Por otra parte, fuentes internas del Instituto Armado conocedoras de la popular ‘operación Napoleón’ –corriente crítica– explican que «el malestar existente en la comandancia cántabra se debe al ambiente tenso generado por el denominado ‘triunvirato’ formado por el coronel jefe Antonio Orantos, el comandante José Manuel Carazo –comisionado en Santander teniendo su destino en Madrid– y el comandante César Vázquez Fariña –en vacante de reserva–, por lo que otros agentes se encuentran a la expectativa de que la Dirección General de la Guardia Civil ponga a fin a estas comisiones y tome las riendas del caso del club New Borgia».