Primer Plan de Igualdad en la Administración General, del Gobierno de Cantabria

Urrutia ha indicado que el Gobierno cántabro cumple así el compromiso con las organizaciones sindicales

El Gobierno de Cantabria iniciará próximamente el proceso de negociación del Plan de Igualdad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tras cerrar el contenido del texto inicial, con el objetivo de su aprobación antes del verano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2019, de 7 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, quien ha detallado que el borrador inicial junto con la documentación necesaria para efectuar el diagnóstico de situación, elaborado por la Dirección General de Función Pública, ya ha sido remitido a representantes de los empleados públicos y de la Administración, para que dispongan de la información con antelación para su estudio y preparación de propuestas, con el fin de lograr el máximo consenso.

Urrutia ha indicado que el Gobierno cántabro cumple así el compromiso planteado con las organizaciones sindicales tras su toma de posesión como consejera y plasma uno de los objetivos fijados al inicio de la legislatura en materia de función pública durante su comparecencia en el Parlamento regional. Especialmente, ha insistido en la importancia de este plan para que la Administración General y sus empleados públicos “lideren” acciones en favor de la igualdad de oportunidades y se elimine cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

Así, el proyecto del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma será de aplicación a los más de 5.000 empleados públicos de la Administración General, con una presencia mayoritaria de mujeres, alcanzando porcentajes superiores al 60 por ciento del total.  La propuesta contempla 75 acciones a ejecutar en 11 ejes de actuación, relacionadas con el acceso al empleo público, la carrera profesional, la formación y la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares.

Asimismo, se plantean acciones que favorezcan la igualdad en materia de acción social, fomentar una cultura organizativa en este ámbito y el desarrollo de mecanismos de apoyo a las mujeres empleadas públicas víctimas de violencia de género, velando por la protección de su intimidad. Por último, se incluyen medidas frente a cualquier tipo de acoso en el trabajo, con la implantación de un protocolo específico de prevención y actuación que ya cuenta con el informe favorable del Comité de Seguridad y Salud del ámbito.

Además de un profundo diagnóstico de la situación de partida con datos segregados por sexo en distintos ámbitos de la función pública, este instrumento incluye criterios y mecanismos de seguimiento y evaluación de impacto de género sobre las actuaciones desarrolladas.  El Plan de Igualdad será de aplicación tanto al personal funcionario como al personal laboral con un periodo de vigencia de cuatro años.

Objetivos generales

Los objetivos generales que se establecen en el proyecto del Plan de Igualdad para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se centran en conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres/empleados públicos de la Administración autonómica, y combatir cualquier manifestación subsistente de discriminación removiendo obstáculos y estereotipos sociales. Se fija la inclusión del principio de transversalidad en el conjunto de políticas de empleo público, así como dar cumplimiento efectivo a lo previsto en la normativa a de función pública y en la ley de igualdad de Cantabria, desarrollando los mecanismos que permitan identificar desigualdades existentes y la adopción de medidas para su supresión.

Igualmente, otros fines generales consisten en promover la cultura administrativa en clave de igualdad, tanto en sus relaciones internas como con la ciudadanía; facilitar la protección y el ejercicio de los derechos de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, poniendo a su disposición el conjunto de recursos y medidas de apoyo existentes, y articular un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas previstas en el Plan que permita verificar el grado de implantación de las mismas e indicadores de ejecución que prevean los resultados y el impacto de los mismos respecto al grado de cumplimiento de las acciones comprometidas.

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