Alonso exige que para optar al concurso público de la adjudicación de servicios de restauración sea un requisito que las empresas trabajen con productos de origen español
Solidaridad ha dado un paso más en su lucha por la soberanía alimentaria y reclama que, para optar al concurso público de adjudicación de servicios de restauración, sea un requisito que el 100% de la utilización de productos sea de origen español. Esto garantizaría que, en todos los comedores públicos y concertados con la administración pública, solo se pueda servir producto español.
“Nuestros productores tienen derecho a que España les garantice operar en un mercado en el que no se compita de forma desleal”, subraya el secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso. Sin embargo, el responsable de Solidaridad lamenta que en la actualidad, “comprobamos como España ha perdido su soberanía alimentaria y no es capaz de proteger a nuestro sector primario de la competencia desleal”. Una competencia desleal que, recuerda Alonso, viene provocada por países extracomunitarios “que producen con mano de obra esclava y costes inasumibles para nuestros productores”.
Además, el responsable de Solidaridad alerta de que “los consumidores sufren una total desprotección sanitaria, por el uso de productos fitosanitarios prohibidos en Europa y aplicados en los países extracomunitarios”. Por ello, Alonso insiste en que “nuestros hijos en los colegios, los pacientes de la sanidad pública, o los trabajadores de cualquier organismo público, que utilicen comedores, tienen derecho a alimentarse con productos que cumplan la normativa fitosanitaria española y europea”. Esta es la manera de garantizar su seguridad alimentaria y “una mejora en la calidad que proporcionan los productos de nuestra tierra”, y así lo subraya el líder de Solidaridad.
Estas medidas, destaca Alonso, “asegurarán que las frutas, legumbres, hortalizas, pescados, carnes y demás productos alimenticios producidos y generados en territorio nacional, reciban el reconocimiento que merecen”. Además, el sindicato busca que todos los productores “vean asegurado que su trabajo y sacrificio es valorado y protegido por las entidades y administraciones públicas”. También que “los trabajadores gocen de la estabilidad que merecen y se logre proteger a los consumidores de la indefensión que padecen frente al uso de ciertos fitosanitarios en terceros países”. Por ello, Solidaridad insiste: “Frente a la competencia desleal, lo nuestro primero”.
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