La Seguridad Social investiga nuevamente a Activa Mutua por presuntas ilegalidades

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inicia de nuevo líneas de investigación, a través de sus organismos de control, contra ACTIVA MUTUA, una de sus entidades gestoras, por diferentes casos de presunta gestión dolosa e irregular de fondos públicos (cotizaciones a la Seguridad Social).
Concretamente se investiga la utilización irregular de cerca de 70.000 euros, destinados a la captación ilegal de colegios concertados en Cataluña a través de un contacto político ajeno a la entidad, Antonio Arasanz, asesor de la entonces Consejera de Educación, Irene Ridau.
Arasanz percibió presuntamente cobros de Activa Mutua en el período 2016-2018 por cuantías que rondarían los 36.000€ al año, bien a su nombre, al de su mujer, o través de DICO EDUCACIÓN, mercantil creada a tales efectos. Los conceptos de las facturas tenían que ver con jornadas que no se impartían, y por pertenecer a equipos de investigación y desarrollo de cultura preventiva, cuya labor no se llevaba a cabo.
Todo esto dentro del ámbito de las oficinas sectoriales que existían en Activa Mutua, eliminadas fulminantemente por el Ministerio, y cuyo responsable máximo era José Ángel Zabalza, Subdirector General de la entidad. De hecho, Zabalza sacó del circuito de las oficinas sectoriales estas operaciones al negarse un subordinado a autorizarlas.

Adjudicación irregular de una clínica en Barcelona
Por otro lado, se investiga también el proceso de adjudicación en favor de la Clínica Diagonal FIATC de una licitación de servicios hospitalarios (LSV362018) para la provincia de Barcelona por valor de 3.568.558,40 euros, aprobada el 10 de Diciembre de 2018, la participación en este proceso del propio José Ángel Zabalza, y del actual Director Gerente en Funciones, Joan Rovirosa, responsable médico de los conciertos con centros médicos externos en aquel momento.

Las sorpresivas políticas del nuevo Gerente de Activa Mutua
Llama la atención poderosamente que Joan Rovirosa, en lugar de seguir las instrucciones de regeneración y transparencia marcadas por el Ministerio, y que estaba llevando a cabo Miguel Ángel Díaz Peña, su predecesor en el cargo, se ha dedicado precisamente a revertirlas.
Rovirosa ha restituido en sus cargos o en otros superiores, para sorpresa de propios y extraños, a varios directivos que fueron cesados de forma fulminante por Díaz Peña, al ser partícipes, colaboradores, cómplices o responsables, por acción u omisión, de las infracciones graves o muy graves impuestas por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y que le supusieron a ACTIVA MUTUA una sanción de cerca de 900.000 euros.
Es el caso de Antonio Andújar, quien manifestó “sentirse protegido” por Rovirosa, y que “no cambiaría de actitud”. Siendo cesado en su momento, a Andújar se le ha restituido de nuevo como Director Territorial, no siendo éste el único caso. También han sido restituidos en su cargo Marc Mateo (en este caso en un cargo superior), Joan Tua y Eduard Llopis, uno de los principales responsables de lo acaecido en la entidad. Parece que el sentimiento de impunidad imperante en la entidad gestora y colaboradora con la Seguridad ha alcanzado unas cotas cuanto menos peligrosas.

Imagen: Borja Suárez Corujo, Director General de Ordenación de la Seguridad Social, en el Palacio de la Magdalena de Santander (archivo).

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