El Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander ha imputado a los ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González Gómez y a Alejandro Rojo, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios en la pasada legislatura al considerar que hay «indicios razonables de criminalidad».
Así lo ha dictaminado en un auto, Mercedes Compostizo, titular de este juzgado, que instruye la denuncia de la Fiscalía por estas supuestas irregularidades en los contratos del SCS, que salieron a la luz en 2018 y a raíz de las que dimitieron no solo estos cargos sino también el exgerente del Servicio, Julián Pérez Gil.
En el auto, también se imputaba por el mismo delito al asesor externo Álvaro Saez de Viteli, que ha fallecido con posterioridad.
En la etapa de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad, Francisco Javier González Gómez fue subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras mientras que Alejandro Rojo ejerció de director gerente de Atención Primaria del SCS.
La imputación de González, Rojo ha llegado después de haberse practicado diligencias por este presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia de la Fiscalía.
En el mismo auto, se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto de Amaia Saez de Veteri, hija del fallecido Álvaro Saez de Veteri y a la que desde el SCS también se encargaron trabajos de asesoramiento.
También se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto de Francisco Javier González Gómez y el exgerente del SCS Julián Pérez Gil en relación a las obras ejecutadas en el Hospital virtual, que se incluían en la denuncia de la Fiscalía.
Además, se concluye que no ha lugar a la declaración testifical de María de los Ángeles Ugarteguru González, propuesta por la representación procesal de la Acción Popular.
En su denuncia, la Fiscalía apreciaba cuatro hechos en los que veía indicios de delito por supuestas irregularidades en contrato del Servicio Cántabro de Salud.
Estas tenían que ver con los contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del consultor Sáez de Viteri.
La Fiscalía apreciaba un fraccionamiento indebido de contratos y entiende que estos cuatro hechos podían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, de fraudes o exacciones ilegales y/o de malversación de caudales públicos.
La Fiscalía, en los cuatro hechos, señalaba como presunto autor al exdirector de Gestión Económica.
Además, apuntaba también al exgerente del SCS, junto a González, en el caso de los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual Valdecilla, en el que el Ministerio Público veía «una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad», según se indicaba en la denuncia.
Estas tres empresas tienen los mismos administradores, y según denunció en su día el PP, uno de ellos es hijo del alcalde socialista de Suances.
Por otro lado, la Fiscalía señala al exdirector de Gestión Económica y al exgerente de Atención Primaria como presuntos responsables de la adjudicación a estas tres mismas empresas del pintado de tres centros de salud, pese a que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros, «generando un gasto innecesario al erario público».
En el caso de la compra de 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, la Fiscalía veía como único responsable a González, no sólo por el fraccionamiento de la compra en 22 contratos menores de aparatos «idénticos, sin urgencia e impidiendo el libro concurso de terceros en la contratación». Además, el fiscal señala que el exdirector de Gestión Económica era «manifiestamente incompetente» para realizar esta adquisición.
Y en cuarto lugar, denunciaba a González y a Alvaro Saénz de Viteri por los contratos menores de asistencia técnica adjudicados a este consultor externo para redacción de pliegos y valoración de ofertas técnicas, «sin motivar mínimamente la necesidad de las citadas asesorías» y no constando que se «hubieran realizado los trabajos».
DENUNCIA DEL PP E IU
Para su denuncia, el fiscal estima parte de la denuncia del PP, que junto a la de IU motivó la apertura de las diligencias de investigación, si bien únicamente el Partido Popular se personó como acusación particular.
IU y el PP presentaron sus denuncias ante la Fiscalía a finales de abril y principios de mayo de 2018, respectivamente, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.
La Fiscalía solicitó el informe del expediente informativo abierto por la Consejería de Sanidad y el informe posterior de la Intervención, y tomó declaración a la funcionaria denunciante, al interventor general, Pedro Pérez Eslava y los otros tres interventores firmantes del informe definitivo.
EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA FUNCIONARIA
La funcionaria, que acumulaba 35 años de servicio y se acaba de jubilar, denunció «injerencias continuas» del subdirector de Gestión Económica en decisiones que la corresponden, «absoluto desprecio» a su autoridad y trato «vejatorio».
También denunció la ocupación de su despacho por asesores externos de los que desconoce su relación con la administración, que intervienen en la valoración de las ofertas y a los que se entrega documentación contractual; la celebración de reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales; que se paralizan expedientes «sin ninguna motivación» y se recepcionan obras, servicios y suministros «sin estar listos para su entrega».
Asimismo, señaló que el subdirector no le permitía el acceso a expedientes de obras, ni de servicios relacionados con obras, que encargaba expedientes a personal estatutario sin su conocimiento, y obligaba a su departamento a tramitar expedientes que se costean con presupuesto de órganos periféricos.
En la parte dispositiva de este auto, fechado el 24 de abril y contra el que cabía recurso, se instaba a continuar la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos investigados a González Gómez y Rojo fueran constitutivos de un presunto delito prevaricación administrativa.
También se pide dar traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo de diez días, solicitaran la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.