El Sindicato Cántabro de Asalariados del Transporte emite el siguiente comunicado:
Con la actual situación de pandemia global, muchas empresas han presentado ante la administración un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por causas de fuerza mayor por COVID-19, ante el amparo del Real Decreto de urgencia presentado por el gobierno de España, en el cual, se simplifica y facilita el proceso para evitar la destrucción definitiva de los empleos debido a la situación de baja demanda y confinamiento.
En SCAT (Sindicto Cántabro de Asalariados del Transporte) comprendemos que empresas que no facturan y no reciben ni subvenciones, ni están sujetas a contratos públicos de gestión de servicios ni apoyos económicos de las Administraciones Públicas puedan acceder a los ERTEs de la naturaleza jurídica que dispone el Real Decreto citado. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo en absoluto, que aquellas empresas que vienen siendo subvencionadas por diversos motivos, están sujetas a contratos de gestión de servicio público y reciben apoyos económicos de la Administraciones Públicas pretendan aprovechar la ocasión de una crisis sanitaria para realizar enriquecimiento ilícito.
Las empresas del transporte de viajeros por carretera en Cantabria han presentado diversos tipos de ERTEs, que afectan a la casi totalidad de sus plantillas, cuando la mayoría de estas empresas tienen en vigor contrato de gestión de servicio público con las Administraciones Públicas, bien de carácter local o Regional (contratos con ayuntamientos, mancomunidades de municipios y de servicios sociales, para realizar determinados servicios de transporte de viajeros, de transporte a demanda, de transporte escolar, o de transporte de discapacitados); además, de recibir ayudas y subvenciones para las concesiones de línea de “interés público” y “débil tráfico».
SCAT entiende que no existen causas, ni motivo alguno para que la Autoridad laboral autorice ERTEs de esta naturaleza de forma generalizada en el sector del transporte de viajeros por carretera de Cantabria. En consecuencia, nos mostramos contrarios a que la Administración Pública pudiera dar luz verde a este tipo de ERTEs, teniendo en cuenta que siguen en vigor los contratos con la propia Administración Pública, por tanto, sus abonos económicos. Además, por que las empresas del transporte de viajeros por carretera pueden solicitar su Derecho a indemnizaciones y de reclamar salarios como daños y perjuicios, tal y como disponen los Pliegos de condiciones de las adjudicaciones y la Ley de Contratos del Sector Público en estos casos o situaciones.
Llegado a este punto entendemos, así como cualquier ayuda de otra administración, deberá ser tratado con rigor y fiscalizado desde todo frente posible, ya que las ayudas solicitadas por las empresas y la revisión del pago del coste de los contratos públicos de gestión no coinciden en el tiempo y bien podría pasar que alguna administración ‘despistada’ pagara ayudas sin deducir el coste derivado de la reducción de servicios incurriendo en malversación de fondos públicos.
Conviene recordar que tanto en la propia Ley 9/2017 de Contratos de Sector público como en los pliegos de licitación, expresamente recogen que los contratos y los salarios de los trabajadores de las empresas adjudicatarias del servicio público deben mantenerse en tanto ya viene presupuestado en el objeto de contrato. La propia Ley 9/2017 recoge en su artículo 208 la posibilidad de suspender el contrato de servicio público, debiendo ser comunicado previamente y abonándose a la adjudicataria, entre ellos, los gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el periodo de suspensión.
El negocio pudiera ser redondo, y es una prueba más de cómo las directrices de los mercados prevalecen por encima de los gobiernos en detrimento de las personas, que ven como los recursos públicos para mantenerse en esta crisis se desvían y no les llegan, mientras se convierten en un beneficio ilícito para una parte del sector privado. Ahora bien, Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria todavía puede decir la última palabra, y mientras estamos a la espera, es de recibo que las Administraciones se posicionen junto a la ciudadanía y los trabajadores del transporte público.
No obstante, si estamos dispuestos a dar viabilidad en ciertas concesiones de línea donde se está a ”mercado puro y duro”, pero para ello, es necesario contar con las organizaciones sindicales representativas del sector.
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