El Gobierno de Cantabria ha desestimado en su reunión de este jueves la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por el Ayuntamiento de Santander por la resolución del convenio urbanístico firmado con Caja Cantabria en 2010, como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana. Tanto los servicios jurídicos como el Consejo de Estado consideran que no procede la indemnización de casi 7 millones de euros requerida al Ejecutivo por falta de legitimación del reclamante y prescripción de la acción para reclamar.
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
Se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el Ayuntamiento de Santander como consecuencia de la resolución del convenio urbanístico suscrito en 2010 con la Fundación Caja Cantabria.
El Consejo de Gobierno ha desestimado esta reclamación en base a los informes de los servicios jurídicos y al dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado 11 de julio, que determinan la prescripción de la acción para reclamar y la falta de legitimación del reclamante.
El Ejecutivo ha adoptado esta decisión al considerar que no está acreditado el daño real y efectivo (requisito para la responsabilidad patrimonial), ni se aprecia en la Dirección General de Urbanismo, ni en la CROTU tacha alguna de posible ilegalidad o negligencia en el momento de aprobar definitivamente el PGOU, que pudiera determinar algún tipo de responsabilidad.
El Ayuntamiento reclamaba los 6.940.892 euros correspondientes a las plusvalías pagadas por Caja Cantabria en cumplimiento del convenio firmado por ambas instituciones en diciembre de 2010, por el que el Consistorio se comprometió a clasificar como suelo urbano consolidado, para uso residencial, la parcela propiedad de la entidad bancaria en la calle Cardenal Herrera Oria. Este convenio tuvo que ser resuelto como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, el 20 de noviembre de 2017, lo que obliga al Ayuntamiento a devolver las plusvalías generadas por el cambio de uso del inmueble.
Educación, Formación Profesional y Turismo
Se aprobó el nombramiento de Eduardo Ortiz como presidente del Consejo Escolar de Cantabria, en sustitución de Emiliano Corral.
Se aceptó la cesión gratuita del antiguo Centro de Salud de Cabezón de la Sal, ofrecida por la Tesorería de la Seguridad Social, para destinarlo a Centro de Educación de Personas Adultas.
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte
Se autorizó la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Santander para la mejora y modernización de la biblioteca Menéndez Pelayo.
El objetivo es mejorar tanto el edificio como la colección bibliográfica. El Gobierno aportará a este proyecto un mínimo anual de 40.000 euros.
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Se autorizó un convenio con la Fundación Camino Lebaniego y la Fundación La Caixa para desarrollar actuaciones de conservación de la biodiversidad en los caminos de peregrinación de Cantabria.
El acuerdo contempla una inversión de 50.000 euros, que serán aportados por la Fundación La Caixa.
Se acordó la encomienda a Tragsa y Tragsatec de varios servicios, valorados en un total de 166.526 euros:
Realización de auditorías de controles de la cadena alimentaria en 2019 y 2020 (47.244 euros).
Tratamiento para el control de la procesionaria del pino (46.969 euros).
Transferencia de resultados de investigación agraria 2019-2022 (72.312 euros).
Sanidad
Se autorizó el inicio de los trámites para contratar el servicio de teleoperación del Centro Coordinador de Urgencias adscrito a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, con un valor estimado de 2.205.818 euros.
Se aprobó el convenio específico para 2019 del protocolo general de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma.
En este ejercicio, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social aportará 266.000 euros para los programas que llevará a cabo la Consejería: intervención en drogodependencias en instituciones penitenciarias, detección e intervención precoz de conductas de riesgo en adolescentes, estrategia para la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en jóvenes y alcohol y menores.
Empleo y Políticas Sociales
Se autorizó la modificación del contrato de construcción del módulo 1 y zonas terapéuticas del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana por incremento de las necesidades de obra, con un coste de 221.752 euros y un incremento del plazo de ejecución de 2 meses y medio.
Se aprobó un convenio de colaboración con el Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la información registral, visado, descalificaciones y seguridad del tráfico jurídico inmobiliario de las viviendas protegidas.
Este acuerdo estará vigente hasta 2022 y tiene un coste anual de 2.000 euros para el Gobierno.