CSIF se opone al traslado de los Servicios Sociales municipales al edificio Divina Pastora

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El Ayuntamiento de Santander desea trasladar las oficinas de Servicios Sociales ubicadas en la casa consistorial a un edificio nuevo sito en el antiguo colegio Divina Pastora en la calle Santa Lucía de Santander. Tras conocer esta intención municipal el sindicato CSIF ha remitido una carta al Ayuntamiento de Santander. Este sindicato se opone a tal decisión al considerar que este lugar no es accesible para los usuarios y además es una zona de dificil aparcamiento para los trabajadores.

Actualmente la empresa Grupo Tecniobras es quien construye el edificio y además quien lo promueve en la venta de viviendas y de plazas de garaje. En el acuerdo de construcción existe un parte del edificio para uso y disfrute del Ayuntamiento de Santander.

El texto íntegro de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios apunta lo siguiente:

«Que ha tenido conocimiento de los planes de esa Administración de trasladar los servicios centrales de Servicios Sociales, sitos en la planta baja del edificio de la Casa Consistorial, al futuro edificio administrativo que se está edificando en la calle Santa Lucía, en el solar en el que antiguamente estaba ubicado el Colegio Divina Pastora.

Que, en este sentido, desea manifestar el descontento que le produce que se estén reorganizando y reubicando servicios municipales, pues, al margen del traslado anteriormente enunciado, sabe que la Sociedad de Vivienda y Suelo está organizando los departamentos que van a alojarse en el edificio de la calle La Paz, sin que se esté informando previamente a la parte social con representatividad en el Ayuntamiento. Es más, por parte de la Junta de Personal ya se presentó, hace unos meses, escrito a este respecto.

Que, por otra parte, en lo que se refiere al traslado de los Servicios Sociales al edificio enunciado, desde CSIF se considera que el mismo no es para nada apropiado, atendiendo, básicamente, a tres circunstancias, a saber: en primer lugar, la accesibilidad al mismo, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos, para los primeros porque en esa zona es imposible aparcar y la comunicación a través de la red de transportes urbanos se limita, única y exclusivamente, a la línea 5C2, cuyas paradas más próximas se ubican en la calle Marcelino Sanz de Sautuola y en el número 26 de la calle Santa Lucía, y para los ciudadanos porque los servicios centrales de Servicios Sociales se dedican, al margen de a la tramitación administrativa, a la atención a la ciudadanía, debiendo informar, tal y como se nos ha comunicado, a una media de sesenta y cinco personas diarias, de los que buena parte son personas de avanzada edad, que, obviamente, por lo anteriormente descrito, van a tener graves problemas de acceso al edificio (téngase en cuenta que la parada de Marcelino Sanz de Sautuola obliga a subir toda la cuesta de Santa Lucía, que la del número 26 de esa calle implicaría cruzar por el paso de cebra de la calle José Ramón López Dóriga, no muy recomendable para gente de avanzada edad, y que el último acceso al edificio sería desde la plaza de Cañadío, sorteando la cuesta de acceso desde dicha Plaza); en segundo lugar, la seguridad del mencionado edificio, bien sabido es que las dependencias en que se sitúan los servicios sociales han de contar con personal de seguridad, bien a través de agentes de la policía local, bien a través de empresas de seguridad privada contratadas al efecto, pues, con demasiada asiduidad, existen encontronazos con administrados del otro sector de ciudadanía al que principalmente atienden, el de las personas en riesgo de exclusión social, tal y como puede constatarse con los partes de agresiones emitidos por los trabajadores de dicho servicio o consultando por ejemplo al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, en cuyas instalaciones, pese a existir seguridad privada, se dan conatos de agresiones y amenazas de forma habitual, por ello se necesitan de una serie de medidas de seguridad que se cree no se van a poder disponer en un edificio de diversas plantas en las que el control de los ciudadanos que están en su interior es imposible con un mero control de accesos en la planta baja. En este sentido, a modo de ejemplo, cabe citar lo acontecido no hace mucho en el edificio anexo de Ribalaygua al que accedían ciudadanos a drogarse en sus baños y eso pese a la cercanía de los agentes de la policía que están adscritos a la Casa Consistorial. Si eso acontecía en un edificio al lado de la propia Casa Consistorial, ¿qué puede ocurrir en uno alejado del mismo como va a ser el de la calle Santa Lucía?; y, por último, en tercer lugar, por la interconexión existente entre Servicios Sociales y otros Servicios municipales, así, habiendo consultado sobre los procedimientos que se tramitan en dicho Departamento, se ha observado que para cualquier procedimiento se requieren certificados de convivencia, que se seguirían obteniendo en el Negociado de Atención al Ciudadano, sito en la Casa Consistorial, y, posteriormente, registro de la documentación, a través del Registro General, que igualmente seguiría ubicado en la Casa Consistorial. Por tanto, se obligaría al ciudadano a ir de un edificio, Santa Lucía, a otro, Casa Consistorial, distantes entre sí, para lograr un correcto asesoramiento y cumplimentar un mero trámite administrativo, nada acorde con la política de simplificación procedimental que se pretende en la actualidad.

En definitiva, dados los problemas descritos, desde CSIF entendemos que el edificio de oficinas administrativas de la calle Santa Lucía debería ser destinado a servicios que no tengan atención al público constante o como edificio de archivo de documentación, pero nunca, como se pretende, para destinar a Servicios Sociales u otros Departamentos con una carga de trabajo importante de atención al público.»

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