16/07/2024

nada personal, solo información

Cantabria invertirá 584.000 euros en nuevas tecnologías en justicia

Cantabria recibirá 584.000 euros dentro del programa de fondos europeos de recuperación que reparte el Ministerio de Justicia con destino a inversiones tecnológicas.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha participado en la reunión de la Conferencia Sectorial entre el Ministerio y las autonomías con competencias en justicia y ha dado su voto favorable al reparto del fondo, que se eleva en su totalidad a 27 millones de euros.

Para el reparto de los fondos europeos, se han ponderado varios criterios, sobre todo el número de expedientes ingresados, pero también otros como la pendencia y la densidad de población. Cada comunidad podrá destinar, durante la primera fase del proyecto, esta partida a cuatro ejes acordados: inmediación digital, puesto de trabajo deslocalizado, atención ciudadana y cita previa, y ciberseguridad.

“Los nuevos fondos europeos beneficiarán de forma importante al proyecto de digitalización de la justicia cántabra”, ha subrayado la consejera de Justicia, si bien ha solicitado al Ministerio que agilice la llegada del dinero con el fin de que puedan ser una realidad “más pronto que tarde”, así como una concreción de los mecanismos para su gestión coordinada.

Fernández Viaña se ha mostrado convencida de que invertir en justicia “será decisivo” para responder a los desafíos que la pandemia ha puesto de manifiesto y ha recordado esfuerzo presupuestario que ha tenido que afrontar el Gobierno de Cantabria para garantizar el servicio de justicia y la seguridad de los empleados públicos y que supera el medio millón de euros.

Asimismo, la consejera se ha referido a la segunda fase del proyecto de reformas en justicia, financiado con los fondos de recuperación, cuya inversión ascenderá a los 410 millones de euros en 2022 y 2023, y en el que Cantabria ha hecho una propuesta para financiar con ellos el proceso de digitalización de los registros civiles y profundizar en la interoperabilidad entre los sistemas de gestión y de comunicaciones utilizados en el país.

“Es el nuevo reto que se plantea ahora en la Administración de Justicia”, ha remarcado la consejera tras la reunión, en la que también se ha analizado la reforma del Registro Civil, que entrará en vigor el próximo 30 de abril, una década después de su aprobación por los sucesivos aplazamientos y cambios en la norma original.

Igualmente, se ha analizado el alcance de los planes de choque implantados por los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Cantabria, y el propio Ministerio para reactivar los órganos jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad.

Cantabria ha destinado 400.000 euros a este proyecto, puesto en marcha en octubre, y que incluye nuevas medidas de protección individuales y colectivas, mejoras tecnológicas y refuerzos de personal para adelantarse al incremento de la litigiosidad en las jurisdicciones de lo social y mercantil.

La consejera ha informado que en diciembre concluyeron los trabajos de la primera fase del plan de choque a nivel regional y durante la segunda, en la que el Gobierno ya está inmerso, se trabajará en agilizar la situación judicial.

Oficinas judiciales municipales

Por otro lado, durante la Conferencia, se ha abordado el Plan de Justicia 2030 del Ministerio que contempla inversiones con cargo a los fondos europeos y reformas normativas como la Ley de Eficiencia Organizativa, que permitirá entre otras cuestiones los juicios telemáticos, o la puesta en marcha de oficinas judiciales en municipios.

En este punto, la consejera de Justicia ha abogado por la corresponsabilidad y la cogobernanza entre el Ministerio y las comunidades autónomas para hacer efectivos los proyectos y, en este sentido, ha pedido al ministro, Juan Carlos Campo, concretar el mapa judicial con los tribunales de instancia previstos y la organización de la oficinas judiciales

Además, ha defendido en su intervención la implantación de las oficinas judiciales municipales como “elemento vertebrador del territorio de Cantabria para luchararán a “facilitar la vida en los pueblos” y permitirán realizar los trámites del registro civil, notificaciones de comunicación procesal que no se hayan podido hacer por medios electrónicos, actos de mediación, procesos de asistencia jurídica gratuita o cualquier otra solicitud que vaya dirigida a la Administración de Justicia en Cantabria.

“Es un gran cambio organizativo que Cantabria va a apoyar por su trascendencia en la lucha contra el despoblamiento y permitirá acercar y mejorar los servicios de la justicia en nuestra región”, ha apostillado.

Por último, la consejera de Justicia se ha interesado ante el Ministerio por los avances del protocolo de teletrabajo en el ámbito de la Administración judicial y le ha solicitado información sobre el proyecto de cara a garantizar a los empleados públicos los medios necesarios para poder desarrollar su trabajo desde casa.

“Compartimos la fórmula del teletrabajo, una vez que la crisis sanitaria ha demostrado que en Cantabria que se puede hacer y el sistema funciona, pero es importante que el proyecto nazca con el máximo consenso de los sindicatos y de las comunidades autónomas con competencias en la materia para que el proceso sea un éxito”, ha señalado la consejera.

Scroll al inicio