El Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy la Ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad con la que el Gobierno regional cumple el compromiso de legislatura de mejorar la vida de estas personas y contribuir a una sociedad más inclusiva. Se trata de una norma que regula la igualdad de oportunidades y garantiza la efectividad de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, orientando la actuación de los poderes públicos de Cantabria a la atención y promoción de su bienestar, calidad de vida, autonomía personal y pleno desarrollo personal y social.
La vicepresidenta ha mostrado su satisfacción por el acuerdo logrado en la Cámara ya que permitirá a la Comunidad contar con un texto normativo único «transversal» que permita una regulación «armonizada» que favorecerá una intervención integral y posibilitará la coordinación de todas las actuaciones de las administraciones y de las entidades vinculadas bajo la inspiración de unos principios, criterios y objetivos comunes. «Hoy es un día importante para toda la sociedad, especialmente para las personas con discapacidad», ha defendido.
Díaz Tezanos ha destacado que la nueva normativa es fruto de un proceso colaborativo y participativo en el que, además de los órganos de la Administración autonómica con responsabilidad en áreas en que pueden verse afectadas las personas con discapacidad, ha resultado determinante el trabajo activo y el apoyo expreso de CERMI Cantabria y todas las entidades relacionadas con el sector de la discapacidad que la integran.
Además, responde al criterio común de formulación de las políticas sociales que el Gobierno de Cantabria está implantando en otros sectores, con declaraciones transversales y generales de derechos, como la igualdad entre mujeres y hombres, y el reconocimiento y la garantía de derechos de las personas por razón de su identidad de género u orientación sexual.
«Esta ley sitúa a las personas con discapacidad y sus necesidades y demandas en el centro de las decisiones políticas como personas sujetas titulares de derechos que han de ser efectivamente satisfechos y no como personas sujetas pasivas o meras destinatarias de políticas públicas más o menos graciables o discrecionales», ha subrayado Díaz Tezanos.
La nueva normativa, fruto del diálogo y el acuerdo de los grupos parlamentarios que con sus enmiendas la han enriquecido, establece «una nueva visión de la discapacidad como una consecuencia ineludible de la propia dignidad humana, que hay que tener en cuenta y respetar».
La nueva Ley implicará que las personas, entidades, instituciones y administraciones públicas responsables de los entornos puedan hacerlos más accesibles para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de personas.
«El eje central del discurso de esta norma no es lo que no pueden hacer las personas con discapacidad, sino lo que pueden hacer, sus actitudes, habilidades y capacidades para desarrollarse con libertad y autonomía», ha manifestado Díaz Tezanos.
La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno de Cantabria ha aprovechado la oportunidad que conlleva el concepto «más amplio e inclusivo» que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para «repensar» las políticas públicas y enfocarlas para que el bienestar, la equidad y la igualdad de oportunidades sea el eje vertebrador de la organización de la vida comunitaria, de la estructuración de las políticas de la vida económica y del conjunto de la sociedad».
El nuevo texto pretende eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de la discapacidad, tanto en el sector público como en el privado; impulsar medidas de acción positiva para garantizar la inclusión social; asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención hacia las personas con discapacidad, y establecer medidas de accesibilidad y diseño para todas las personas.
Además, garantiza la regulación de la lengua de signos española y el apoyo a la comunicación oral para las personas con dificultades auditivas, así como establecer el régimen de infracciones y sanciones que garanticen las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.