La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha hecho hoy un llamamiento para “sumar y trabajar juntos” contra la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, al tiempo que ha pedido “no estigmatizar” a las residencias y sus profesionales que, según ha subrayado, están haciendo un “esfuerzo heroico”.
“Estamos, sin duda, ante una de las mayores catástrofes que recuerda la humanidad y necesitamos el concurso de todos para superar esta crisis sanitaria que está teniendo sus efectos más perversos en los centros de atención a la dependencia”, ha manifestado Ana Belén Álvarez.
La titular de Empleo y Políticas Sociales ha comparecido este viernes en el Parlamento de Cantabria para dar cuenta de las acciones y medidas adoptadas por su departamento con motivo de la crisis sanitaria y ha señalado que “todos los recursos de la Consejería están volcados en una única tarea: luchar contra el COVID-19”.
Por ser “una de las principales preocupaciones de esta crisis”, ha hecho especial hincapié en las medidas adoptadas en los centros residenciales, como la prohibición de las visitas y el ingreso de nuevos usuarios; las labores de desinfección que se repiten dos veces por semana; la habilitación del CAD de Meruelo para aislar casos positivos o la movilización de personal a través de una bolsa de trabajo habilitada para este fin, de las Oficinas de Empleo y de los profesionales de los centros de día, entre otras.
“Lamentablemente, todas estas medidas, junto al esfuerzo heroico de los profesionales sociales, no han impedido que tengamos que lamentar el fallecimiento de 108 personas y que a día de hoy contemos con 386 casos activos”, ha manifestado Ana Belén Álvarez, que ha reconocido una “cierta sensación de impotencia por los estragos que causa el virus”.
La consejera ha asegurado que “nadie puede tener ninguna duda de que tanto el Gobierno de Cantabria como las residencias estamos haciendo todo lo posible para reducir las consecuencias del coronavirus”, cuya mortalidad aumenta “exponencialmente” con la edad.
Sobre el procedimiento de trabajo, ha explicado que se ha nombrado un coordinador COVID en la Subdirección de Dependencia y en cada centro residencial para el mejor cumplimiento de los protocolos de actuación y para facilitar a los centros toda la información sobre normativa, protocolos y/o instrucciones que les pudiera afectar, “con un contacto directo para conocer sus necesidades y buscar soluciones”.
En esta misma línea, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Políticas Sociales mantiene contacto diario con las residencias y se mantiene el registro actualizado de información de residentes y trabajadores. Este trabajo permite que 2 veces al día, mañana y tarde, se envían los datos de las 82 residencias a la Consejería de Sanidad y al Servicio Cántabro de Salud para que se puedan programar la realización de los test diagnósticos.
“Desabastecimiento mundial”
Con relación a los equipos de protección, que es “uno de los caballos de batalla de esta pandemia”, ha informado que desde su Consejería se han repartido más de 120.000 mascarillas, 2.000 batas, 300 pantallas protectoras, 240 botes hidroalcohólicos y 200 gafas, si bien ha reconocido que “no ha sido suficiente” y que ha faltado material “especialmente al inicio de la crisis”.
Sin embargo, ha querido dejar claro que “no ha sido nunca ni por falta de voluntad ni de recursos, sino por el desabastecimiento mundial” y ha agradecido la “generosa contribución” a esta “causa común” de empresas y particulares que han realizado múltiples donaciones.
Y aunque no es competencia de su departamento, la consejera ha dado cuenta de los test realizados en los centros de atención a personas dependientes y con discapacidad y ha defendido la labor de los profesionales sanitarios. Según ha apuntado, se ha testado al 60% de los residentes de Cantabria y a cerca del 25% de los trabajadores, y los datos revelan que 8 de cada 10 pruebas resultan negativas. Asimismo, se han realizado test en prácticamente la totalidad de los centros y en la actualidad hay residentes con positivos en 21 de las 82 residencias de Cantabria.
Empleo
Ana Belén Álvarez, que ha comenzado su intervención mostrando sus condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas a causa de esta enfermedad, ha recordado que se está elaborando un Plan de Choque para combatir la crisis del COVID-19, donde una parte importante de su dotación económica irá destinada a complementar la prestación que reciben los trabajadores afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE).
La consejera ha hablado también del esfuerzo que ha realizado el Servicio Cántabro de Empleo para activar la renovación automática de la demanda de empleo para 14.291 expedientes y el envío de SMS masivos a los ciudadanos informando de la tramitación, así como la tramitación electrónica de inscripciones de demandantes de empleo.
Ha hablado del papel específico de la Oficina Electrónica, con 64.174 trámites desde el 16 de marzo, de los que 10.771 han sido a través de la APP (teléfonos móviles) y envíos de 6.970 correos electrónicos, tanto individuales, como masivos, para mantener informada a la ciudadanía sobre el resultado de las gestiones realizadas o bien para difundir información general.
Escudo social
La consejera ha enumerado las medidas que ha puesto en marcha Servicios Sociales para “ampliar el escudo social” y “garantizar la protección de las personas más vulnerables”. Entre estas, destaca el complemento de la Renta Social Básica con una ayuda extraordinaria de 75 euros al mes por cada menor a cargo que beneficiará directamente a 2.066 familias y a 3.479 niños, niñas o adolescentes, “casi el 4% de la población menor de 18 años de Cantabria”.
Igualmente, se ha referido a la puesta en marcha de dos centros de atención a personas sin hogar, uno en el albergue de Solórzano, en colaboración con Vicepresidencia, y otro en el convento de Soto Iruz, en colaboración con el Obispado, que dan cobijo a 67 personas.
En materia de Vivienda, la consejera ha subrayado que se ha hecho “un esfuerzo importantísimo”, viendo la gravedad de la situación, para que en el mes de marzo se abonaran “más de un millón de euros en ayudas” de las que se benefician 6.000 familias, y ha recordado que se ha aprobado la suspensión extraordinaria del pago del alquiler de las viviendas del parque público a quienes acrediten una reducción de ingresos.
25.000 personas
Ana Belén Álvarez ha explicado que una resolución avalada por la Secretaría General de la Consejería ha garantizado la continuidad de una veintena de programas sociales que benefician a cerca de 25.000 personas, como son ayudas al alquiler, la Renta Social Básica, las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia, la pensión no contributiva o las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, entre otras, que estaban afectadas por la declaración del Estado de Alarma.
Así, ha apuntado el trabajo del personal público ha permitido extender la ayuda de la Renta Social Básica a 134 nuevas familias, se han reanudado 50 expedientes que estaban suspensos y se ha aumento la cuantía a percibir por 18 de los beneficiarios, con lo que al día de hoy hay 5.632 personas con acceso a la renta garantizada.
También se han tramitado 53 nuevas pensiones no contributivas, con 7.000 beneficiarios en la actualidad, y se ha procedido a renovar los convenios de Servicios Sociales de Atención Primaria con la práctica totalidad de los municipios de la región, faltando seis de los 98 previstos que aún no han remitido la documentación.