El Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid ha admitido a trámite una demanda de taxistas de la Plataforma Integral del Taxi (PIT) contra empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) por presunta competencia desleal y entre las demandadas están Cabify y Uber.
En un comunicado, la PIT –que coordina a unos 1.900 taxistas demandantes— ha celebrado la admisión de la demanda y ha destacado: «Es solo el principio de lo que supondrá el recorrido legal de esta demanda, pero es un paso imprescindible que todos estábamos esperando, y del que nunca hemos dudado, porque a pesar de las dificultades, trabajamos con grandes profesionales y la razón nos asiste».
La demanda está firmada por el abogado Elpidio José Silva y se dirige contra Cabify, Uber, Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi, a quienes acusan de competencia desleal y piden el resarcimiento de daños y perjuicios.
El coordinador y portavoz de Elite Taxi y de la PIT, Alberto ‘Tito’ Álvarez, ha resaltado que en la demanda solicitan indemnizaciones para los demandantes que en total «rondarán los 100 millones» de euros.
Concretamente, solicitan en la demanda «abonar a cada demandante por cada licencia que ostente, solidariamente, la suma de 13.699 euros por concepto del perjuicio causado (daño emergente); más 6.513 euros anuales por cada demandante, por cada licencia que ostente, a computar desde el año 2019, inclusive, hasta la finalización de la competencia desleal».
MERCADO SOBRE «ARENAS MOVEDIZAS»
El escrito de demanda hace referencia a entidades que supuestamente ostentan el control del mercado ‘uvetecista’: «Hablamos de operadores que han impulsado el crecimiento de un mercado sobre arenas movedizas y prácticas ilegales sistemáticamente reiteradas, al ignorar el sistema territorial de distribución de competencias en el Estado español, copando la gran mayoría de las licencias del sector de VTC, desplegando el control estratégico del mismo, fomentando la especulación, promoviendo el crecimiento del precio de las licencias de VTC y consumando una competencia desleal en masa».
Los demandantes piden al juez que se declare que las empresas han realizado actos de competencia desleal consistentes en «la actividad del transporte discrecional de viajeros en las áreas urbanas de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Getxo, Castellón, Barakaldo, Durango, Alicante, Santander, Ibiza, Palma de Mallorca, Vizcaya, Bilbaorui, Guadalajara, La Coruña, Portugalete, Burgos y Toledo, valiéndose de licencias estatales para explotar VTC, desde el año 2014, vulnerando normas jurídicas concurrenciales».
Y que «dicha actividad de transporte se ha consumado mediante falsos autónomos, o infringiéndose normas tributarias y de la seguridad social, desde el año 2014, vulnerando normas jurídicas no concurrenciales».