Movimiento ciudadano en Santander contra la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)
La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en vigor desde el 1 de enero de 2026 tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
La ACSS fundamenta su acción judicial en la falta de transparencia en la gestión de los datos ambientales, en la escasa eficacia real que tendrá la Ordenanza y en la ausencia de garantías suficientes para la protección de la salud pública, en una ciudad a la que acceden diariamente más de 90.000 vehículos, según datos del propio Ayuntamiento y donde diversos estudios atribuyen a la contaminación urbana un número significativo de muertes prematuras cada año y enfermedades asociadas a la exposición al tráfico, a la mala calidad del aire y al ruido.
El “muro” de la opacidad: Información pública bloqueada y nula participación
El recurso se fundamenta principalmente en la vulneración del derecho de la ciudadanía a acceder a la información ambiental. El Ayuntamiento de Santander ha destinado más de tres millones de euros de inversión pública —incluidos fondos europeos— a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que comprende la plataforma de control de accesos, una red municipal de diez estaciones de medición de la calidad del aire y cuarenta sensores acústicos. Sin embargo, a pesar de que estos equipos generan datos de forma continua, el equipo de gobierno no ha hecho pública esta información de manera abierta y accesible, lo que impide que la ciudadanía pueda conocer y evaluar la eficacia real de las medidas. Esta situación contradice la Ley 27/2006, que obliga a la difusión proactiva de información ambiental y al artículo 28 del Real Decreto 102/2011, que exige que los datos de calidad del aire estén disponibles públicamente y de forma continua a través de internet. “Resulta incomprensible invertir millones de euros en medir la contaminación y negar después a los ciudadanos el acceso a esos datos”, denuncian desde la ACSS.
Una Ordenanza sin base técnica suficiente
El recurso judicial sostiene que la Ordenanza carece de una base técnica sólida al no integrarse en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) válido y operativo, requisito necesario para garantizar una reducción real del tráfico y de la contaminación conforme a la Ley 7/2021 de cambio climático. La falta de esta planificación se refleja en el propio diseño del perímetro aprobado, ya que los informes técnicos municipales reconocen niveles elevados de contaminación en barrios que han quedado fuera de la ZBE, como la Calle Alta, el entorno de Plaza de las Estaciones y Castilla-Hermida.
Pese a ello, la ZBE se ha limitado a un área de apenas 0,2 km² (aproximadamente el 0,6% del municipio), situada en el Ensanche de Santander, una zona en gran parte peatonalizada. Asimismo, la ACSS denuncia la inexistencia de una protección efectiva para las Zonas de Especial Sensibilidad, ya que la Ordenanza no establece medidas concretas para entornos escolares, sanitarios y áreas con población vulnerable, dejando estas actuaciones para desarrollos futuros sin calendario ni dotación presupuestaria definida.
Restricciones limitadas y una “ZBE TIMO”
La ACSS considera que la ZBE aprobada aplica restricciones limitadas al tráfico, únicamente en horario laboral, y mantiene amplias moratorias para vehículos contaminantes y fines de semana coincidiendo con el ocio, retrasando durante años la mejora efectiva de la calidad del aire. Por ello la ACSS califica la Ordenanza como un “timo ambiental y normativo”, al entender que cumple formalmente con la exigencia legal de crear una zona de bajas emisiones, pero solo con el único objetivo de no perder fondos europeos, tal como reconoció la alcaldesa al afirmar “No soy de prohibir, pero aquí no se pierde ni un euro “. Según la ACSS, la Ordenanza constituye una medida insuficiente para reducir de manera efectiva la contaminación y proteger la salud de la ciudadanía, sin abordar de forma estructural el problema de la contaminación urbana en Santander.
Propuestas y demandas de la Asamblea Ciudadana Santander Saludable
La ACSS también hará públicas sus propuestas y demandas dirigidas al Ayuntamiento de Santander y a la alcaldesa, Gema Igual, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más saludable, participativa e inclusiva. Entre estas peticiones figuran:
- Impulsar medidas concretas y eficaces para garantizar un aire limpio, reduciendo de forma real el tráfico y la contaminación urbana, incluyendo la creación de aparcamientos de uso exclusivo para residentes (zona verde OLA), la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad y la transformación de los sistemas de movilidad, promoviendo los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público.
- Cumplimiento de la normativa ciudad 30 (km/h).
- Desarrollar un plan ambicioso de zonas verdes en los barrios, concebidas como una infraestructura de convivencia y salud que ofrezca espacios de descanso, juego y bienestar para la ciudadanía.
- Aplicar políticas que eviten el consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en espacios urbanos y de convivencia, como parte de un enfoque integral de salud pública.
- Fomentar una gestión urbana orientada a convertir Santander en una ciudad limpia y saludable, mediante cambios estructurales y sostenidos en el tiempo.
- Establecer un sistema de seguimiento y evaluación periódica, con una revisión como mínimo trimestral, del grado de cumplimiento de los objetivos de reducción de la contaminación atmosférica, del tráfico y de los niveles de ruido, haciendo públicos los datos proporcionados por las estaciones de control instaladas, e incorporando mecanismos de participación ciudadana efectiva.
Conclusión
Según la ACSS, Santander necesita una Zona de Bajas Emisiones verdaderamente eficaz, sustentada en datos públicos, accesibles y transparentes, e integrada en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible realmente operativo, que garantice la protección efectiva de las áreas más contaminadas y de los entornos especialmente sensibles. Solo a través de políticas ambientales apoyadas en información abierta y participativa, y en una planificación rigurosa, será posible asegurar el derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio y a disfrutar de una ciudad más saludable.
Desde la ACSS queremos subrayar que, sin datos accesibles, transparentes y públicos sobre contaminación, tráfico y ruido, no es posible justificar ni evaluar con rigor la eficacia de la política ambiental actual del Ayuntamiento. La contaminación no es un fenómeno puntual, sino una realidad extendida por toda la ciudad de Santander, agravada por el intenso tráfico diario, que constituye un grave problema de salud pública y que, lejos de remitir, empeora año tras año.
“Confiamos en que Iris, mensajera de los dioses y diosa del aire y del arco iris, susurre a Gema Igual en sus sueños que los ciudadanos de Santander necesitamos aire limpio, menos coches, zonas verdes en los barrios, salud y calidad de vida”.