A los técnicos responsables de la Autorización Ambiental Integrada: Gobierno de Cantabria
Les dirijo esta carta abierta para dejar constancia pública de una preocupación fundada, documentada y reiteradamente expresada por vía administrativa, que hasta la fecha no ha recibido respuesta técnica alguna. Una vez concedida la Autorización Ambiental Integrada (AAI), y encontrándose el proyecto de macroplanta a las puertas de su ejecución material, únicamente pendiente de lo que determinen los órganos judiciales ante los recursos interpuestos, considero necesario recordar que dicha autorización no es un acto político, sino un acto técnico-administrativo con consecuencias jurídicas directas.
El Sr. Media ha manifestado públicamente que él no puede prevaricar y que se limita a aceptar lo que los informes técnicos avalan. En abstracto, esta afirmación es correcta. Precisamente por ello, el foco de responsabilidad recae —de forma principal— sobre quienes han emitido dichos informes y han otorgado la conformidad técnica al proyecto. Son ustedes, como técnicos de la Administración, quienes han certificado que esta instalación cumple la normativa ambiental vigente y que resulta compatible con la protección de la salud pública y del medio ambiente según los estándares exigibles en el año 2026. En este contexto, resultan especialmente llamativas —y preocupantes— las siguientes cuestiones, todas ellas planteadas formalmente en las alegaciones ciudadanas y no respondidas:
1. La ausencia de una valoración específica, cuantificada y acumulativa del impacto derivado del tránsito de más de 14.000 camiones, con afección directa a seguridad vial, emisiones, ruido y calidad del aire.
2. La falta de una evaluación rigurosa sobre la idoneidad de la localización elegida, particularmente en lo relativo a la presencia de arroyos, drenajes naturales y vulnerabilidad hidrológica del entorno.
3. La aceptación de un proyecto que se autodefine como alineado con las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y que, sin embargo: Autoriza antorchas abiertas / prescinde de triple contención en los depósitos de digestato / carece de monitorización continua de gases en planta y en el exterior / renuncia a cualquier sistema de captura o reutilización del CO₂, privando al proyecto de su supuesta justificación climática y confirmando que se trata, en la práctica, de una planta de producción de metano convencional / ignora por completo las alegaciones formuladas por la ciudadanía afectada.
4. La falta de un seguro acorde a los posibles daños que pueden producirse en salud pública y medioambiente.
Estas omisiones no son menores ni accesorias. Tampoco pueden considerarse subsanadas mediante fórmulas genéricas como “no se encuentran inconvenientes para la actividad”, expresión que carece de contenido técnico verificable y que no responde a las obligaciones de motivación exigibles a la Administración. Conviene recordar que la ausencia de respuesta a alegaciones formalmente presentadas no elimina los riesgos advertidos, pero sí traslada la responsabilidad de su valoración —o de su omisión— a quienes tenían el deber profesional de analizarlos y contestarlos. Puede que finalmente este proyecto no se paralice. Puede incluso que se ejecute conforme a lo autorizado. Pero no debe olvidarse que su puesta en marcha se apoya en informes técnicos concretos, firmados y fechados, que afirman la compatibilidad ambiental de la instalación. Si en el futuro se acreditara que determinados impactos previsibles no fueron adecuadamente evaluados, o que se desatendieron advertencias técnicas razonables planteadas en las alegaciones, la cuestión ya no será política ni social, sino estrictamente técnica y jurídica: por qué no se respondió, por qué no se evaluó y por qué se firmó. Ojalá nunca sea necesario revisar estas decisiones en otros ámbitos distintos al administrativo. Eso significará que la instalación funciona sin causar daño alguno. Sinceramente, deseo que así sea. Porque, si no lo fuera, las consecuencias en salud o medio ambiente de una autorización concedida sin el debido rigor técnico, no distinguirán entre cargos, funcionarios o ciudadanos. Afectarán al territorio, a la población y, como ocurre siempre, también a quienes creyeron que firmar era sólo un pequeño detalle.
Autor: Santos Martín / 25 de enero de 2026 / Máster en medicina medioambiental