Judicialización de la crisis interna en el Centro Asturiano de Cantabria
El conflicto interno del Centro Asturiano de Cantabria avanza hacia un territorio jurídico especialmente sensible: La posible responsabilidad penal de directivos por actuaciones orgánicas adoptadas al margen de Estatutos, con impacto económico y limitación del derecho de defensa de un cargo electo. La advertencia no surge de una especulación doctrinal, sino de un documento muy concreto: un burofax enviado por el vicepresidente, en el que se reserva el ejercicio de acciones civiles, asociativas y penales si la presidencia consuma una convocatoria considerada inválida.
¿Por qué aquí puede haber riesgo penal?
Juristas especializados en Derecho de Asociación identifican tres escenarios de activación penal en conflictos internos:
1. Alteración consciente del procedimiento para producir efectos contra un tercero. Si se acredita intención de apartar a un vicepresidente sin procedimiento estatutario, puede interpretarse como una forma de obstaculización deliberada del ejercicio de un derecho orgánico.
2. Decisiones que generen perjuicio patrimonial a la asociación. El Código Penal, en su art. 252 (administración desleal), se activa cuando un gestor adopta decisiones contrarias a los intereses del administrado —en este caso, el patrimonio social— a sabiendas de su efecto.
3. Manipulación, creación o utilización de documentos asociativos inválidos. Cuando se convoca, vota y ejecuta un acuerdo sabiendo que se vulnera un Estatuto, la frontera con una alteración documental con potencial trascendencia penal depende del daño y la intencionalidad. No es que exista un delito a priori, pero la combinación de acto, conocimiento y efecto abre un espectro que se investiga judicialmente con frecuencia creciente.
Las vulneraciones previas: La base probatoria
El burofax identifica cuatro bloques: Convocatoria sin notificación fehaciente / Plazo estatutario insuficiente / Órgano incompetente para adoptar el cese / Expediente disciplinario inexistente
Este es el tipo de documentación que un tribunal suele analizar cuando se examina si un directivo actuó con consciencia de nulidad y con finalidad de obtener un resultado ilegítimo (por ejemplo, excluir una voz fiscalizadora).
El concepto clave: “desviación de poder”
La categoría jurídica no pertenece al Derecho Penal, sino al administrativo y asociativo. Sin embargo, cuando la desviación de poder:
Produce daño económico / Interfiere en la representación legal de la entidad / Genera decisiones antijurídicas con impacto económico. Puede conectar con tipos penales patrimoniales
Un catedrático consultado para este reportaje lo resume así: “En asociaciones tradicionales nadie imaginaba escenarios penales. Hoy, si hay daño económico o exclusión deliberada, el juez examina responsabilidades personales.”
¿Dónde se cruza la línea?
El umbral lo marcan dos elementos: Dolo (conocimiento y voluntad) / Resultado (perjuicio, alteración o limitación de derechos)
Si el presidente convoca una votación sabiendo que no puede cesar a un vicepresidente, y del acto se deriva perjuicio patrimonial (pleitos, costas, pérdida de actividad, reclamaciones contractuales), el foco jurídico pasa del plano interno al penal patrimonial.
La reserva penal: un mensaje jurídico, no una amenaza
La reserva expresada en el burofax no incrimina a nadie: Pone en aviso de que cualquier acuerdo inválido puede documentarse y someterse a análisis judicial. El mensaje implícito es claro: si el acto irregular produce consecuencias económicas o institucionales, los responsables ya no serán “el Centro”, sino quienes firmaron.
CRONOLOGÍA
“Del WhatsApp a la reserva penal: la línea de tiempo del conflicto asturiano”
10 de diciembre
– Se redacta una convocatoria extraordinaria de Junta Directiva.
– No se remite por canales fehacientes ni por medios postales.
20 de diciembre (sábado)
– El vicepresidente recibe por WhatsApp una imagen fotográfica de la convocatoria.
– El documento fija una reunión para el 23 de diciembre, con un único punto: cese del vicepresidente y expediente disciplinario.
– El margen real entre recepción y celebración es de tres días.
Lectura jurídica inmediata
– Se detecta que el art. 15 estatutario exige 10 días y notificación fehaciente.
– El vicepresidente sostiene que no ha sido válidamente convocado.
Análisis de competencia
– Se identifica que la Junta Directiva no puede cesar a cargos electos, lo que está reservado a la Asamblea General.
– Se considera que el acto nace incompetente y nulo.
Activación disciplinaria sin procedimiento
– No existe expediente incoado.
– No hay instructor designado.
– No hay audiencia.
– No hay previsión de votación por 2/3 ni ratificación.
El vicepresidente reacciona
– Se activa un burofax formal, con nueve puntos de oposición y requerimiento.
– Se exige la suspensión inmediata de la reunión.
– Se solicita documentación en 48 horas.
El salto cualitativo
– El documento incorpora reserva de acciones civiles, asociativas y penales.
– Se advierte que cualquier acuerdo será impugnado por nulo.
– Se anuncia responsabilidad personal de quienes lo voten.
Consecuencia institucional
– El conflicto deja de ser privado y entra en fase documental y probatoria.
– El entorno asociativo se enfrenta a cuatro vectores jurídicos abiertos:
1. nulidad interna, 2. impugnación civil, 3. responsabilidad patrimonial, 4. expectativa penal.
Próxima fecha clave
– 23 de diciembre, si la reunión se mantiene.
– Si se celebra en los términos anunciados, la crisis puede judicializarse.