Un burofax interno sacude al Centro Asturiano de Cantabria

El vicepresidente del Centro Asturiano denuncia nulidad de una convocatoria y avisa de posibles consecuencias penales

El vicepresidente del Centro Asturiano en Cantabria ha remitido un burofax al presidente y al secretario de la entidad advirtiendo de la nulidad de una convocatoria interna destinada a cesarle por vía urgente. El documento denuncia falta de notificación fehaciente, vulneración estatutaria, incompetencia del órgano, represalia institucional y anuncia reserva de acciones civiles, asociativas e incluso penales, un gesto sin precedentes recientes en la asociación.   El conflicto interno que atraviesa el Centro Asturiano de Cantabria da un salto cualitativo tras el envío de un burofax de alta contundencia jurídica firmado por su vicepresidente, en el que se cuestiona la legalidad de los movimientos convocados por la cúpula directiva para su destitución.
Según la documentación analizada por este medio, el burofax va dirigido formalmente al presidente Salvio Felipe Somohano García y al secretario José Luis de Pedro Vega, y contiene una enumeración precisa de fundamentos estatutarios y advertencias legales.   El detonante: una imagen remitida a través de WhatsApp notificando, sin plazo estatutario suficiente, una Junta Directiva extraordinaria para el 23 de diciembre en la que el único punto del orden del día sería el “cese del vicepresidente y apertura de expediente disciplinario”.

Notificaciones por WhatsApp y vulneración estatutaria

El texto denuncia una “falta absoluta de forma y de notificación fehaciente” apoyándose en el artículo 15 de los Estatutos, que exige convocatorias fehacientes con un mínimo de diez días de antelación. Recibir una imagen de móvil a tres días de una votación de cese, según el documento, vulnera el derecho de información y participación del órgano colegiado.   Se afirma que, conforme al mismo artículo, la Junta Directiva no es competente para cesar a un vicepresidente, ya que esa atribución está reservada a la Asamblea General con mayoría cualificada.   Esto sitúa la maniobra, según el burofax, en el terreno de la “nulidad de pleno derecho”.

Procedimiento disciplinario omitido

El vicepresidente invoca además los artículos 10 y 11 de los Estatutos, que obligan a incoar expediente, nombrar instructor y secretario, garantizar audiencia y ratificación. En ausencia de estos trámites, el documento describe la iniciativa como un procedimiento disciplinario inexistente, sin defensa y sin soporte normativo.

El concepto jurídico clave: «Desviación de poder»

El burofax vincula temporalmente la iniciativa a sus escritos previos cuestionando convocatorias, acceso a documentación y cumplimiento estatutario, calificando la reacción como “represalia institucional y abuso de autoridad”.   Esta categoría —la desviación de poder— es una de las más graves en el ámbito asociativo, ya que puede abrir la puerta a responsabilidades individuales si se demuestra animus de castigo frente al ejercicio legítimo de derechos orgánicos.

Advertencia de nulidad y freno a la celebración

El vicepresidente exige en firme la suspensión inmediata de la reunión, afirmando que cualquier acuerdo adoptado en su ausencia nacerá jurídicamente muerto y será objeto de impugnación inmediata.
El documento reclama además:
Copias fehacientes de la convocatoria / Justificantes de acuse de recibo / Relación nominal de convocados / Acuerdo habilitante de la Junta / Motivación jurídica del intento de cese
Todo ello en 48 horas.

El bloque más sensible: Acciones penales

El burofax culmina con una advertencia inédita en la memoria reciente del Centro Asturiano:   «Me reservo el ejercicio de cuantas acciones correspondan, incluidas impugnación judicial de acuerdos nulos, responsabilidad civil por daños patrimoniales, responsabilidad asociativa y acciones penales si procedieran».   La reserva expresa de acciones penales sitúa el conflicto en un plano jurídico mayor. En el ámbito asociativo, estas vías se activan normalmente ante comportamientos que generen perjuicio económico, falsedad documental o coacciones internas. No se afirma que exista delito, pero sí que se abre la expectativa jurídica de investigarlo si la actuación progresa.

Clima interno en deterioro

Fuentes consultadas admiten preocupación creciente en torno a: Aceleración de decisiones sin garantías / Desplazamiento del debate democrático / Temor a responsabilidades patrimoniales / Posible judicialización de la vida interna
El burofax marca un antes y un después: Ya no es solo una disputa interna, sino un conflicto que entra en fase documental, con efectos externos y potencial impacto judicial.

Litigación estatutaria con derivadas patrimoniales

El Centro Asturiano de Cantabria se asoma a un escenario de litigación estatutaria con derivadas patrimoniales. Por primera vez, un miembro de la Junta traslada formalmente a la presidencia que, si la dirección continúa por esta vía, las consecuencias no recaerán sobre la asociación, sino sobre quienes firmen los actos.   Una lectura repetida en el jurismo asociativo: cuando se desconocen las garantías internas, no se desgasta la entidad —se compromete la responsabilidad personal. Si la reunión del 23 sigue adelante, serán los tribunales quienes tengan la última palabra.

Imagen: Felipe Somohano, presidente del Centro Asturiano en Cantabria.

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