EL 43% DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS ILEGALES ESTÁN EN SANTANDER, SUANCES, COMILLAS Y SAN VICENTE
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el trabajo del Gobierno de España frente a las viviendas turísticas ilegales en el marco de todas las iniciativas que está impulsando para afrontar “el principal problema de muchas familias españolas y cántabras”. Para ello, Casares ha ensalzado el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha sido el primer país de Europa en crear el Registro Único de Alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos.
En el marco de la comprobación de la documentación para las inscripciones, el delegado ha indicado que el Ministerio de Vivienda ha detectado que en Cantabria hay 955 viviendas turísticas ilegales, que no cumplen la normativa autonómica y/o municipal para poder operar como alojamiento turístico.
Viviendas turísticas irregulares en plataformas digitales
Por ello, se ha notificado el detalle de esas viviendas turísticas irregulares a las plataformas digitales para que retiren los anuncios de las mismas, algo que ocurrirá “en próximas fechas” dada la “buena disposición” manifestado por parte de los principales portales al departamento de Isabel Rodríguez.
Casares ha detallado este martes en declaraciones a los medios de comunicación que el 43% de las viviendas turísticas ilegales detectadas en Cantabria se concentran en cuatro municipios. A la cabeza se encuentra Santander, con 220 pisos que serán retirados de las plataformas de alquiler temporal; y le siguen Suances, con 79; Comillas, con 60; y San Vicente de la Barquera, con 54. Las 955 viviendas turísticas que no cumplen los requisitos están ubicadas en 76 municipios de Cantabria, lo que implica que casi el 75% de los ayuntamientos de la región cuentan en su territorio con “alguna vivienda de alquiler temporal ilegal”, ha apuntado el delegado del Gobierno.
‘Retirada’ de esos alojamientos turísticos irregulares
Casares ha señalado que la “retirada” de esos alojamientos turísticos irregulares del mercado es “fundamental” para que las viviendas lleguen “a quienes más lo necesitan, que son las familias y los jóvenes”. “Todas las administraciones públicas tenemos que centrar los esfuerzos en atajar el problema de la vivienda como lo lleva haciendo el Gobierno de España desde que Pedro Sánchez es presidente”, ha ensalzado.
“SOLUCIONES ENCIMA DE LA MESA”
En este punto, el delegado del Gobierno en Cantabria ha apuntado que, pese a ser una competencia de las autonomías, el Ejecutivo “no se quiere quedar de brazos cruzados y pone soluciones encima de la mesa”. Por ello, ha recordado que se ha creado un Ministerio de Vivienda, se ha impulsado una Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas para “acabar con los disparatados precios del alquiler” y se han puesto en marcha ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.
También ha destacado la apuesta del Estado por triplicar la inversión pública en vivienda, lo que en Cantabria supondría pasar de 35 millones de euros a casi 130 millones para los próximos cinco años (2026-2030), de los que el Gobierno de España asumiría el 60% y la autonomía el 40% restante pero, para ello, “el Gobierno de Cantabria tiene que decir que sí”, ha emplazado el delegado al Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga. “Y no nos quedamos ahí y, por ello, el presidente del Gobierno ha anunciado nuevas medidas que vamos a poner en marcha”, ha enfatizado Casares, que ha desglosado esas medidas. La primera es una ayuda de hasta 30.000 euros para que los jóvenes puedan destinarlos a la compra de viviendas de alquiler con opción a compra; la segunda es el seguro del impago del alquiler; y la tercera es un ayuda de 10.800 euros para quienes quieran adquirir una vivienda en zonas rurales. “Se trata de medidas concretas, que tratan de solucionar uno de los problemas más importantes que tienen los hombres y mujeres de Cantabria y de España”, ha añadido Casares.
VIVIENDAS TURÍSTICAS ILEGALES POR MUNICIPIOS
Del total de las 955 viviendas turísticas ilegales que se retirarán de los portales, el 23% se encuentran en la capital cántabra, en Santander, con 220 alojamientos irregulares.
Suances, con 79, es el segundo municipio cántabro donde más pisos turísticos ilegales se han detectado. Le siguen Comillas (60), San Vicente de la Barquera (54), Ribamontán al Mar (38), Laredo (35), Miengo (22), Potes (22) y Ruiloba (20). Con menos de 20 alquileres turísticos irregulares detectados, se encuentran Val de San Vicente (19), Camaleño (19), Noja (18), Castro Urdiales (17), Cillorigo de Liébana (16), Marina de Cudeyo (16), Valdáliga (15), Liérganes (14), Santillana del Mar (13), San Roque de Riomiera (13), Piélagos (12), Voto (12) y Santoña (10).
Ya por debajo de la decena de alojamientos ilegales, el Ministerio de Vivienda ha notificado la retirada de anuncios de los municipios de Cabezón de Liébana (9), Udías (9), Medio Cudeyo (8), Ribamontán al Monte (8), Santa María de Cayón (8), Vega de Liébana (8), Rasines (7), Luena (7) y Reocín (7).
En Torrelavega, Puente Viesgo, Arnuero, Bárcena de Cicero, Entrambasaguas, Ramales de la Victoria, Rionansa y Villacarriedo se ha notificado la retirada de 6 en cada uno; en Meruelo, Alfoz de Lloredo y Bareyo, 5 en cada uno; y en Ampuero, Hazas de Cesto, Hermandad de Campoo de Suso, Limpias, Santa Cruz de Bezana, Saro y Vega de Pas, 4 en cada municipio.
Se ha notificado la retirada de anuncios de 3 viviendas turísticas ilegales en Colindres, Herrerías, Santiurde de Toranzo, Selaya, Soba y Villafufre; y 2 en Liendo, Camargo, Cartes, Corrales de Buelna, Corvera de Toranzo, Escalante, Penagos, Polanco, Ruesga y Valderredible; y 1 en Arredondo, Anievas, Cabuérniga, Campoo de Enmedio, Mazcuerras, Molledo, Peñarrubia, Polaciones, Riotuerto, San Pedro del Romeral y Solórzano.