El próximo jueves 27 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander y un empresario vallisoletano intentarán desahuciar a un activista antidesahucios. Se trataría de un procedimiento civil (desahucio en precario) que ha derivado en otro penal, y en ambos se han producido numerosas irregularidades que han sido denunciadas por el afectado y por las plataformas antidesahucios.
Los antecedentes del caso se encuentran en el año 2014, cuando la extinta LIBERBANK obtiene el inmueble como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria a través de su empresa inmobiliaria instrumental, BEYOS Y PONGA (actual MOSACATA). En el año 2015, LIBERBANK cede la vivienda en alquiler social. Dos años después, en el año 2017, el inmueble fue adquirido por el fondo inmobiliario DESARROLLOS LAS PEÑICAS, S.L., vinculado societariamente a LIBERBANK.
En 2018, DESARROLLOS LAS PEÑICAS denuncia por usurpación a los residentes en el inmueble. Pero la sentencia es favorable a los ocupantes y el juez dictamina que las personas que vivían allí lo hacían legalmente y que contaban con la autorización del propietario en su momento, LIBERBANK. Posteriormente, el fondo buitre vuelve a la carga y presenta demanda de desahucio por precario (procedimiento civil). A finales de 2019 hubo sentencia en primera instancia a favor de DESARROLLOS LAS PEÑICAS. En 2020, los afectados presentaron recurso ante la Audiencia Provincial y a finales de 2021 hay sentencia confirmatoria.
Un llamamiento colectivo
Mazorra hace un llamamiento a la gente que está sensibilizada con la problemática de la vivienda y los desahucios: “Me gustaría que tanto en mi desahucio del día 27 como en el de Jénnifer del día 26, una mujer con dos niñas pequeñas que ha sufrido violencia de género hace escasos días, se colapsaran los barrios donde se llevarán a cabo los intentos de lanzamiento. Necesitamos a todo el mundo movilizado”, recalca Roberto Mazorra. Para ello, tanto la PAH como la Plataforma Stop-Desahucios, así como varios grupos creados al efecto se movilizarán y convocan a toda la ciudadanía de Santander y Cantabria el día 26 en la calle Isla de Cuba para parar el lanzamiento de Jénnifer y el día 27 en la calle León Felipe para parar el desahucio de Roberto. Y es que para los colectivos antidesahucios hay una “flagrante e irregular actuación” por parte de los juzgados de Cantabria al no aplicar el Real Decreto-ley 11/2020 en los casos de Jénnifer y Roberto y en cientos de casos más desde que estalló la pandemia. Y de igual forma se critica la inacción de las administraciones públicas. En concreto, “la desidia absoluta del Ayuntamiento de Santander”. Y en cuanto al Gobierno de Cantabria y a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, “todavía estamos esperando a la reunión solicitada hace más de ocho días con la titular, Eugenia Gómez de Diego”. Desde las diferentes plataformas y colectivos se denuncia que la administración autonómica está “obligada por ley a solucionar las necesidades habitacionales de las familias vulnerables y no está cumpliendo con ese deber”.