Asimismo un grupo de 142 ciudadanos de Cantabria, en su mayoría vecinos de Suances y usuarios del carril bici que discurre por la zona amenazada, ha presentado ante la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un escrito en el que denuncian que el estudio adjudicado a la empresa pública TRAGSATEC por un importe de 455.147,51€ destinado a decidir entre las tres alternativas restantes, U8 Riaño, junto a las instalaciones de Sniace en Torrelavega, U1 Cuchía en la antigua cantera y la mencionada U2 Vuelta Ostrera 2 podría estar viciado de nulidad por pérdida sobrevenida del objeto. Si así fuera, conllevaría un incumpliendo de la sentencia del Tribunal Supremo por la que se ordena la demolición de la actual EDAR, además de un uso fraudulento de los recursos públicos, lo que podría ser constitutivo de ilícitos penales de malversación de caudales públicos, administración desleal y delito de desobediencia. El motivo es que en las dos primeras ubicaciones (Riaño y Cuchía), se están llevando a cabo actuaciones incompatibles con la instalación de la EDAR.La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria ha adjudicado a la empresa SIEC la ejecución de las obras de una nueva carretera entre Viveda (Santillana del Mar) y Duález (Torrelavega). En el proyecto definitivo, que no en el original, el trazado de esta carretera discurre justo por la ubicación en estudio de la alternativa prevista para la posible ubicación de la EDAR U8 Riaño.
Por lo que se refiere a la alternativa U1 Cuchía, el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medioambiente ha solicitado dos millones de euros de fondos públicos para la recuperación ambiental de los terrenos de la cantera.
Las personas que firman el mencionado escrito, solicitan:
1.- Se informe sobre la posible incidencia del Proyecto de Recuperación de la zona minera de Cuchía financiado con 2.000.000 euros procedentes de los fondos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha distribuido entre las comunidades autónomas para la rehabilitación de antiguos emplazamientos mineros en el marco de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con la financiación de los fondos del Mecanismo de Recuperación de la Unión Europea, así como de la incidencia de la construcción del Vial Dualez- Viveda, cuyo trazado atraviesa la posible ubicación de la EDAR en Riaño; en tanto su tramitación, pueda suponer la inelegibilidad de estas zonas como posibles ubicaciones de la depuradora; y en su caso se solicite informe a la administración regional de Cantabria sobre estos aspectos; instándola en paralelo y de manera urgente para que se suspendan las actuaciones que se contienen tanto en el Proyecto de Recuperación de la zona minera de Cuchía, como la paralización de las obras de construcción del Vial Dualez-Viveda, cuyo trazado atravesará precisamente la ubicación en estudio de la alternativa U8- Riaño, hasta que se aclaren todos estos extremos.
2.- De forma coherente con la petición anterior, se suspenda la tramitación del apoyo en la elaboración de la información adicional para las alternativas U1-Cuchía, U2-Vuelta Ostrera y U8-Riaño, solicitada por el órgano ambiental, al estudio de impacto ambiental de las alternativas planteadas para la sustitución de la EDAR existente de Vuelta Ostrera, encargado por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a TRAGSATEC, hasta que se aclaren los extremos indicado en el punto 1o, y con especial urgencia los estudio geológico y geotécnico, el estudio de caracterización del suelo para la alternativa U8-Riaño, y los estudios batimétricos y bionómicos para el emisario submarino anteriormentene numerados.
3.- A la luz de lo expuesto, y ante las dudas que todas estas actuaciones han generado sobre la opinión pública, se emita con base a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y ley 19/2013. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, breve resumen del funcionario a cargo, en el que se especifique las causas y criterios de exclusión de cada una de las alternativas contenidas en el EsIA de 2016, que han conducido a que a la fecha parezca que la alternativa con más impacto severos en ese informe, a saber U2-Vuelta Ostrera, sea ahora la única posible, volviendo al criterio del Estudio Inicial de 2015 (como si los informes posteriores que desaconsejan la ubicación en Vuelta Ostrera no hubiesen existido).