Santander, la Universidad Europea del Atlántico, obligada a cumplir «unos criterios mínimos de calidad»

«El consejero Miguel Ángel Serna (PP) comparó la creación de esta universidad con la libertad de abrir una pescadería. (2011-2015)». El Tribunal Supremo ha desestimado en su totalidad el recurso contencioso-administrativo planteado por la Fundación Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico), una institución privada y con sede en Santander, contra el Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y la condena a pagar las costas, hasta un máximo de 3.000 euros, como publica el periódico elpaís.com

La sentencia no puede ser recurrida. Es decir, la Europea del Atlántico no ha logrado parar el decreto del ministro Manuel Castells que obliga a los campus a cumplir unos criterios mínimos de calidad para poder considerarse universidad: plantilla (50% doctor), el número de alumnos (masa crítica razonable para actuar como una universidad, no un colegio), titulaciones (un mínimo de 10 carreras, seis posgrados y dos programas de doctorado), ramas de conocimiento (tres de las cinco) o el porcentaje del presupuesto que dedican a investigación (al menos un 5% del total).

Cuando en octubre de 2020 se conoció el borrador del decreto, la conferencia de rectores (CRUE) lo celebró ―“No se trata de cerrar universidades ni de frenar la creación de nuevas, sino de que todas cuenten con unos requisitos mínimos”, afirmó en un comunicado―, pero en Uneatlántico cayó como un jarro de agua fría. Las instituciones tienen cinco años ―desde julio de 2021― para cumplir con lo exigido en el texto. Si no lo hacen, los gobiernos autonómicos deberán comenzar el proceso para su clausura. “Los chiringuitos no podrán ser universidad”, volvió a insistir Joan Subirats en una entrevista en este diario poco después de hacerse cargo del Ministerio de Universidades en sustitución de Castells.

En octubre de 2021, Uneatlántico, con enseñanzas presenciales y a distancia y muy orientada a América Latina, recurrió el decreto. Junto a otros siete u ocho campus, la institución cántabra se encuentra en el listado que el Ministerio de Universidades elaboró sobre los centros con más problemas para adaptarse al decreto, según reconocen fuentes internas a este diario.

El Supremo critica a la universidad: “Dedica más de la mitad de su muy extenso escrito de demanda a hacer un discurso extremadamente genérico sobre la improcedencia de regular en un mismo texto reglamentario las universidades públicas y las privadas […], a glosar la importancia del reconocimiento de la autonomía universitaria en el artículo 27 de la Constitución, y a señalar que con respecto a las universidades privadas también son relevantes la libertad de empresa y la libertad de establecimiento”. El alto tribunal responde a estos argumentos con dureza: “Pretender que las universidades privadas operen en el vacío regulatorio resulta manifiestamente insostenible”. Y considera que, con la demanda, “la universidad se limita a expresar sus preferencias subjetivas”.
El Supremo sostiene que las universidades privadas ―37 en activo y otras tres autorizadas, pero sin clases aún―no pueden tener un régimen jurídico sustancialmente diferente al de las universidades públicas (50). Entiende que se inauguren “entidades que operen en la pura esfera privada, tales como academias de lenguas o de preparación de concursos, sociedades de amigos del país, escuelas libres de eméritos”, pero respalda la idea de que, si se pretende ser una universidad, aunque sea privada, hay que “satisfacer las exigencias que el ordenamiento jurídico impone a estas”.
En marzo de 2021, Rubén Calderón, rector de la Europea del Atlántico ―con 4.000 alumnos de grado y máster y otros 10.000 de títulos propios―, expresó en este diario que el decreto iba a “marcar tendencias”, pero no se iba a aplicar tal cual. “El ministerio puede decir cómo debe ser un grado o el máximo de alumnos que puede tener, pero no inmiscuirse en el porcentaje de alumnos totales de la universidad. Porque eso atenta contra la libre concurrencia”.

El Gobierno de Cantabria, entonces en manos del PP, aprobó en 2013 la creación de Uneatlántico, impulsada por la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), sin el visto bueno del Ministerio de Educación, comandado entonces por José Ignacio Wert, del mismo partido. Resultó polémico, pues el consejero Miguel Ángel Serna comparó la creación de esta universidad con la libertad de abrir una pescadería.

El último informe del departamento, de 2013, sobre la nueva universidad ya auguraba los problemas a los que se enfrenta: señalaba falta de profesores doctores y decía que su oferta “no constituye desarrollo de nuevas ramas surgidas del avance científico, sino que incorpora enseñanzas consolidadas” y “tampoco se da respuesta a necesidades de los distintos sectores profesionales, dado que el mercado laboral se encuentra suficientemente atendido”.

El decreto de Universidades no es excesivamente exigente (a juicio de la comunidad universitaria), pero solo lo cumplen en su totalidad 18 de las 81 instituciones (el 22%) analizadas en el riguroso informe ¿A qué puede llamarse universidad?, del Observatorio del Sistema Universitario. En el caso de los campus públicos, falla la precariedad laboral (cumplen el resto) y en los privados, la falta de actividad investigadora o el grado de formación del profesorado, entre otros requisitos.

Fuente informativa: Elisa Silió / Madrid –

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