29/05/2024

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«La sanidad pública de Cantabria es incapaz de garantizar el derecho a la asistencia sanitaria de la población»

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha alertado hoy de que la sanidad pública está siendo incapaz en este momento de garantizar algo tan básico como el derecho a la asistencia sanitaria de la población y ha reclamado al Gobierno regional que abandone la indolencia y la inacción y actúe de inmediato porque las consecuencias van a ser irreparables.

“La situación es insostenible para los ciudadanos y los profesionales. La sanidad pública vive hoy una situación de precariedad y un caos que no se había conocido nunca”, ha afirmado Buruaga en declaraciones a los periodistas, después de mantener una reunión con el sindicato de enfermería SATSE.

La dirigente popular, consejera de Sanidad en la legislatura 2011-2015, ha asegurado que el COVID ha abierto las costuras de un sistema que lleva seis años a la deriva.

El resumen es que las puertas del sistema están cerradas, los ciudadanos a la intemperie y los profesionales a los pies de los caballos en una sexta ola que ha resquebrajado la confianza entre pacientes y profesionales y ha agudizado su hartazgo ante el colapso de la Atención Primaria y el abuso de la telemedicina.

La presidenta ha criticado que la única respuesta de la Consejería de Sanidad al colapso sanitario haya sido cerrar las puertas de entrada al sistema, bloquear las agendas de los profesionales y decir a los ciudadanos en plena pandemia que no les puede atender, algo insólito en la sanidad española.

No obstante, ha advertido de que la situación de la Atención Primaria es solo la punta del iceberg de una organización sanitaria desnortada, en la que los hospitales tampoco son capaces de responder a las necesidades sanitarias con interminables listas de espera, diagnósticos tardíos de consecuencias fatales y deshumanización hasta límites intolerables.

Al mismo tiempo, ha denunciado que médicos y enfermeros continúan trabajando muy por encima de sus posibilidades, sufren las consecuencias de la sobrecarga y presión asistencial derivada de la pandemia y están hartos de la ausencia de dirección y de estrategia de la Consejería de Sanidad. Según Buruaga, todos los problemas se han agravado y a la escasez estructural de profesionales y unas condiciones de trabajo durísimas, se añade ahora la falta de recursos, de gestión y de interlocución.

La presidenta ha señalado al consejero de Sanidad y su clamorosa incapacidad como responsable directo y al presidente Miguel Ángel Revilla como responsable último, puesto que es a él a quien corresponde dirigir y coordinar la acción de su Gobierno. Por ello, le ha pedido que deje de usar el COVID como coartada para no hacer nada; de negar la situación, y de mirar para otro lado y adopte medidas inmediatas porque la política sanitaria, ha añadido, es otro proyecto fallido de su Gobierno.

SACAR EL COVID DE LOS CENTROS DE SALUD

Buruaga ha demandado como medida inmediata sacar el Covid de los centros de salud. “Es el momento de cambiar el enfoque asistencial y de recuperar los centros de salud para lo que son, para la actividad asistencial, para los usuarios”, ha afirmado la presidenta, quien ha hecho hincapié en que los responsables sanitarios cometieron el grave error de meter el virus en los centros de salud y ahora hay que sacarlo.

Para la presidenta, hay que reducir al máximo toda la actividad en los centros de salud que no sea relación clínica, mejorar la gestión, desburocratizar al máximo y externalizar la parte epidemiológica del Covid para centrarse en actuaciones sanitarias, recuperar los programas de prevención y promoción de la salud aparcados sine die y ganar tiempo, presencialidad y calidad en la atención.

Esa es, según Buruaga, la manera de descargar a los profesionales y de disminuir la presión asistencial, la alternativa para evitar que la puerta de entrada al sistema acabe convertida en un callejón sin salida.

Como medidas a corto plazo, ha reclamado un plan de choque con acciones, recursos y financiación para recuperar la actividad asistencial no Covid perdida y demorada y un Plan de refuerzo y mejora de la atención primaria para reforzar plantillas, recursos y coordinación.

Según Buruaga, aunque ambas medidas llegan tarde, puesto que hace dos años se aprobaron en la Comisión de Seguimiento del Covid a propuesta del PP, si no se aplican la situación solo irá a peor.

Además, ha insistido en las reformas estructurales que el PP lleva reclamando toda la legislatura: un Pacto Profesional por la Sanidad Pública y un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos.

MOVILIZACIONES DE SATSE

La presidenta ha hecho estas declaraciones tras reunirse con representantes del sindicato SATSE, que ha convocado una serie de movilizaciones de los profesionales de enfermería y los fisioterapeutas que se inician el 10 de febrero en los centros de salud de Santander para alzar la voz y decir basta ya.

La secretaria general del sindicato, Ana Samperio, ha asegurado que estos profesionales viven una situación de sobrecarga laboral insoportable, con jornadas laborales que rozan la esclavitud y agotamiento, que se puede solucionar con mejoras laborales.

Según Samperio, Sanidad no les ha dejado otra alternativa que las movilizaciones porque la negociación no es posible puesto que no escucha, no quiere saber nada de lo que los trabajadores están sufriendo, incumple los acuerdos y desoye cualquier planteamiento. “Los profesionales no podemos más”, ha advertido Samperio, quien ha hecho hincapié en el problema importantísimo que supone el deterioro que está sufriendo la sanidad de Cantabria.

Buruaga ha asegurado que entiende el hartazgo y las movilizaciones y apoya las reivindicaciones del colectivo de enfermería, pero lo que no entiende es el desprecio olímpico de este Gobierno hacia los profesionales sanitarios que lo han dado todo y son el alma del sistema.

Para la presidenta, no es aceptable que la Administración Sanitaria actúe como si oyera llover y no mueva un dedo para evitarlas porque una de sus primeras obligaciones es no desperdiciar la colaboración de los profesionales sanitarios y anticiparse a cualquier conflicto.

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