Groucho Marx dijo que, “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. La reciente imposición del pasaporte COVID en Cantabria, siguiendo la senda de otras regiones, es una demostración de la peligrosa deriva a la que está llevando nuestra incompetente clase política a la sociedad, mostrando no solo su incapacidad para gestionar la crisis sanitaria, sino su capacidad para añadir más problemas a los existentes.
Exigir el pasaporte COVID es algo más que un error por muchas razones:
En primer lugar, no se justifica en razones sanitarias.
Los datos de Israel y UK., muestran que los vacunados se contagian incluso en mayor medida que los no vacunados, algo que además ahora se acentúa con la nueva cepa Ómicron.
En España estamos viendo como a medida que aumenta la incidencia se reduce esa brecha de contagios entre vacunados y no vacunados. Hay una realidad cierta. En tanto en cuanto las terapias génicas no inmunizan, algo que los propios prospectos que nadie se ha preocupado de leer indican, tarde o temprano todo el mundo acabara contagiándose. En el mejor de los casos, estos tratamientos lo que harán es aplanar la curva y aumentar el periodo de tiempo hasta lograr la famosa inmunidad de grupo. Ello podría ser deseable para evitar el colapso sanitario. Pero de ser cierta la afirmación de una eficacia del 85% en la reducción de los casos graves, ¿Qué habría que temer del contagio y la presión hospitalaria, sobre todo teniendo en cuenta que más del 99% de las personas de riesgo están vacunadas?.
De hecho, incluso sin vacunas, lo lógico hubiera sido suponer que las olas fueran progresivamente disminuyendo su intensidad con el paso del tiempo, justo lo contrario de lo que se está observando en los países vacunados. En el plano jurídico, se crea un autentico despropósito y un peligroso precedente que dinamita las bases del sistema democrático.
La norma que pretende imponer la obligación de solicitar el pasaporte, siquiera es una ley regional, y no puede ir contra lo dispuesto en la Constitución o la Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD.
De hecho se pone a los hosteleros en la tesitura de elegir entre incumplir normas legales de rango superior o cumplir la norma impuesta. Es fácil suponer que las denuncias y propuestas de sanción quedarán en agua de borrajas igual que se anularon todas las sanciones de los ilegales estado de alarma, pero es más, las que seguramente si prosperen sean la denuncias que se impongan contra los hosteleros que se empecinen en exigir dicho documento sanitario, o el DNI, y se nieguen a servir a los no vacunados. Conviene tener en cuenta que ni el desconocimiento de la Ley exime de su cumplimiento, ni se puede alegar la obediencia debida para conculcar derechos y libertades fundamentales. Ante una discrepancia en la interpretación de normas jurídicas, todo ciudadano tiene la obligación de aplicar aquella de rango superior.
En el plano social, se obliga a los hosteleros a controlar a sus propios vecinos y clientes en un precedente que recuerda a las prácticas de delación social y colaboracionismo propios de las dictaduras socialistas el pasado siglo. La Securitate rumana, la Stasi alemana, la Gestapo nazi o la StB checolovaca tenían de buen grado o por la fuerza la colaboración de buena parte de la sociedad en su objetivo de reprimir a la sociedad.
En el plano moral, dado que no tienen fundamento sanitario, es una mera herramienta segregacionista y de señalamiento y criminalización, que tan solo genera división, extremismo y odio. Además muestra el lado más ruin y despreciable de una parte de la sociedad dispuesta a respaldar un apartheid sanitario, tan solo porque no les afecta, demostrando una vez más la actualidad del poema de Martin Miemoller, “y cuando vinieron a por mí”.
En el plano económico, va a traer más ruina al sector. Por un lado el coste de controlar el cumplimiento de la norma y por otro la pérdida de clientela por una doble vía. Los no vacunados, que dejarán de ir a los bares, restaurantes, casas rurales etc, y la de los vacunados en los que ha calado el pánico irracional, y que dejarán de ir, indiferentemente del pase COVID, dado que inconscientemente saben que su riesgo será igual de elevado y su inmunidad inexistente. La hostelería ha sido el sector más perjudicado, aún cumpliendo con todo tipo de medidas de limpieza, higiene, distancias, ventilación y sigue estando en el punto de mira cuando es en la propia hostelería donde las reuniones sociales están más controladas y son más seguras, por el simple hecho de que los propios hosteleros no quieren que les cierren su sustento de vida, su trabajo, su fuente de ingresos.
En plano de la gestión sanitaria, la medida no solo no va a reducir los riesgos, sino que los va a incrementar, al generar en parte de la sociedad una percepción equivocada del riesgo, abocándonos a un cierre de la hostelería y quién sabe si a un nuevo encierro amparado ahora en estado de sitio. Si las personas no vacunadas no pueden reunirse en la hostelería lo harán en sus casas, bajos o bodegas y allí, ¿quién está pendiente de que las medidas de prevención, desinfección etc. se llevan a cabo?
Esta medida no es por prevención y para frenar los contagios sino que es para obligar a las personas de forma indirecta que se vacunen. ¿Y por qué no la hacen obligatoria? Porque aún no está aprobada dado que es experimental. ¿A caso no es un sin sentido? Privar de la libertad de elección ante algo que no es obligatorio, que está comprobado que no inmuniza ni frena la transmisión, de una forma indirecta y obligar a la sociedad a ser parte de tal discriminación, señalar con un código QR a una sección de la población y fomentar el señalamiento social.
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Ninguna frase mejor que esta resume la gestión de la crisis del COVID por parte de nuestra clase política. El problema es que detrás de todo este proceso de indigencia intelectual, hay personas que sufren y hasta mueren por culpa de su incapacidad y negligencia. Las masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña.
Autor: Emilio Gándara Lávín / Presidente de la Federación de Hostelería de Cantabria