Angélica Bolívar Parra (OlaCantabria): «Seis vidas perdidas y una ciudad buscando respuestas»

«La ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que explicaciones parciales»

La tragedia de El Bocal ha dejado a Santander en silencio. Seis jóvenes han perdido la vida tras el colapso de una pasarela en la costa, un lugar que hasta hace apenas unos días formaba parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Hoy ese mismo lugar se ha convertido en un símbolo de dolor, de preguntas sin respuesta y de una sensación colectiva difícil de explicar.

En medio de ese duelo, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado que la cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía ante un aviso recibido el día anterior sobre el mal estado de la pasarela. El Ayuntamiento ha anunciado incluso un expediente contra el agente que atendió aquella llamada.

Pero cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, reducir el problema a un error individual resulta insuficiente. No porque no haya responsabilidades concretas que investigar, sino porque las instituciones no funcionan como una suma de decisiones aisladas. Funcionan como una estructura. Y cuando esa estructura falla, la pregunta inevitable es quién responde por ella.   En cualquier ayuntamiento existe un principio claro: la responsabilidad última del funcionamiento de toda la administración municipal recae en quien la dirige. La Policía Local, los protocolos de respuesta, la gestión de los avisos ciudadanos o la supervisión de los espacios públicos forman parte del mismo sistema. Y ese sistema tiene una responsable política.

Por eso resulta difícil aceptar que la explicación de lo ocurrido se limite a señalar a un eslabón concreto de la cadena. Cuando un vecino alerta de un peligro en un espacio público y nadie verifica ese aviso, el problema no es solo de una persona. Es de un sistema que no reaccionó cuando debía hacerlo.

En los próximos días habrá informes, expedientes, declaraciones y debates sobre competencias. Es lo habitual cuando una administración se enfrenta a una crisis. Pero conviene no olvidar lo esencial: para las familias de esos jóvenes, esto no es una crisis política ni un problema de gestión administrativa. Es una herida que no se cerrará nunca.

Porque mientras en los despachos se habla de responsabilidades, protocolos o errores en la cadena de respuesta, hay padres que han recibido la peor llamada imaginable. Hay amigos que no volverán a ver a quienes hace apenas unos días estaban riendo a su lado. Hay familias rotas. Hay proyectos de vida que se han quedado suspendidos para siempre.

Y frente a eso, conviene recordar algo que a veces se pierde en el ruido político: pasar unos días difíciles en la vida pública, soportar críticas o afrontar un desgaste político no tiene comparación posible con perder a un hijo de veinte años.

La política no está solo para gestionar presupuestos o inaugurar proyectos. Está para garantizar que los sistemas funcionan, que los avisos se escuchan y que los riesgos se revisan antes de que sea demasiado tarde. Está para cuidar y proteger. Cuando eso falla, la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que explicaciones parciales.  Tiene derecho a que se asuma la responsabilidad política que corresponde.   Porque en cualquier administración hay muchos niveles de decisión, pero siempre hay un último responsable. Y en el Ayuntamiento de Santander, esa responsabilidad no puede delegarse.

Autora: Angélica Bolívar Parra / Coordinadora OlaCantabria Santander

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