La mujer, próxima a jubilarse y sin recursos suficientes, podría quedarse en la calle tras haber donado la vivienda a su hijo
Torrelavega vive estos días un caso que ha generado profunda preocupación por su dimensión humana y social. El Juzgado de Primera Instancia de la localidad cántabra ha dictado sentencia el pasado 10 de febrero de 2026 estimando la demanda de desahucio por precario interpuesta por un hijo contra su propia madre, declarando que esta ocupa la vivienda sin título jurídico y acordando su desahucio, con apercibimiento de lanzamiento en caso de no abandono voluntario en el plazo legal .
Ella donó la vivienda a su hijo
La vivienda había sido donada por la madre al hijo en el año 2023 mediante escritura pública. El Juzgado considera acreditado el título de propiedad del demandante y recuerda que el procedimiento de desahucio por precario se limita a determinar quién tiene derecho a la posesión, sin que la situación de vulnerabilidad económica constituya motivo legal suficiente para impedir el desahucio cuando no existe título que ampare la ocupación .
Tras la frialdad de la resolución judicial hay una realidad personal especialmente delicada
La afectada se encuentra de baja médica, enferma, próxima a la jubilación y con previsión de percibir una pensión mínima. Vive sola en la que ha sido su vivienda habitual durante años y no consta que disponga de alternativa habitacional. Según ha manifestado, su vida matrimonial estuvo marcada por episodios de maltrato continuado. La donación realizada en favor de su hijo se produjo en un contexto de confianza y apoyo familiar. Hoy, esa misma vivienda puede convertirse en el escenario de su desalojo.
¿Puede una madre que entregó su vivienda a su hijo acabar siendo desahuciada por él?
La eventual ejecución de la sentencia podría dejar a una mujer vulnerable sin hogar en próximas fechas Este caso abre un debate incómodo pero necesario: ¿puede una madre que entregó su vivienda a su hijo acabar siendo desahuciada por él? ¿Es suficiente la respuesta del sistema cuando la estricta aplicación de la norma conduce a una posible situación de exclusión residencial?
Desde la defensa se están valorando las acciones legales procedentes, incluida la interposición de recurso ante la Audiencia Provincial. Al mismo tiempo, se hace un llamamiento urgente al Ayuntamiento de Torrelavega, al Gobierno de Cantabria, a los servicios sociales, a colectivos vecinales y a asociaciones del tercer sector para que activen de manera inmediata los mecanismos de protección social disponibles. Más allá del conflicto jurídico, estamos ante una cuestión de responsabilidad colectiva.