» … no han podido impedir que se haya instalado entre los ciudadanos la sensación de deterioro de las Instituciones»
Estoy seguro, los españoles que en 1977 acudimos por primera vez a las urnas y hemos contemplado los avances como Nación, tanto por los ingresos en la OTAN como en la Unión Europea que nos llevaron hasta alcanzar en 2004 el mejor momento socio económico de nuestra historia, no podíamos imaginar los más de veinte años de declive institucional posteriores en donde los servicios públicos tan defendidos por burócratas y subvencionados no funcionan, mientras que los gobernantes no asumen culpas con impúdica exhibición de impericia a raudales, soportada por unos ciudadanos que van asumiendo, muy lentamente, que siempre hay que desconfiar de los gobiernos.
El COVID que se llevó por delante la vida de más de cien mil personas dejó evidente la inconsistencia de las Instituciones que únicamente supieron secuestrar a los ciudadanos aplicando un «Estado de excepción» que ni Franco, pues en lo otro, en las soluciones, casi nada. También la nada acompañó al Gobierno cuando la Nación se fundió con el apagón para lo cual, entre balbuceantes y retorcidos argumentos buscaron desesperadamente una conspiración que les permitiera culpar a otros del deficiente funcionamiento del Estado, como tampoco ha ocurrido nada después del terrible accidente de Spanair en Barajas con más de ciento cincuenta muertos, como han vuelto donde solían, a la nada, a la torpeza, a escurrir el bulto con los más de doscientos muertos de la DANA, los cuarenta y siete del desastre ferroviario en Adamuz, el terremoto en Granada, el temporal Filomena, los terribles incendios forestales o la erupción volcánica en la Palma, con más de tres mil edificaciones destruidas y miles de personas fuera sus hogares.
Esto lleva a una pregunta obligada: En algunos de estas catástrofes, ¿ha estado el Estado a la altura de las circunstancias y necesidades de la gente? Parece que no. El Estado que sabe muy bien obligar e imponer a ciudadanos y empresas no afronta con diligencia sus errores e incompetencia, pues el deterioro de las infraestructuras en general, incluidos trenes que no entran por los túneles, conduce a la pérdida de confianza en los servicios públicos que no atienden a sus obligados sostenedores, por lo que no puede extrañar nada que el Índice de Gobernanza que elabora el Banco Mundial midiendo la imagen que los contribuyentes tienen de los servicios públicos, en España de ha pasado en los últimos 25 años del 91 sobre un índice 100 al 76 en el año 2024. Podemos imaginar cómo debe ser ahora.
El Estado con ser un fracaso, que siendo malo no es lo peor, pretende ser venerado para lo cual pone en funcionamiento sus milicianos propagandistas que últimamente influyen menos en sus loas gubernamentales ante el tozudo escenario de los incendios, inundaciones, ferrocarril, apagones, consecuencia ello del continuo abandono de los principios de profesionalidad en los nombramientos que irremediablemente conduce a la baja calidad en los servicios ciudadanos, no solo el caso de ADIF tan presente en estos momentos, los hay de toda condición, desde Paradores, Correos, el Hipódromo de la Zarzuela, sin necesidad de mencionar al inefable Tezanos o las colonizaciones que se han hecho del Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística o los nombramientos en las Confederaciones Hidrográficas, en donde todos ellos, con la misma intensidad ponen en práctica un modelo propio : los Intereses partidistas son lo primero, ocurra lo que ocurra buscaremos culpables afuera, que la brigada de propagandistas ya se ocuparán de extender el relato.
A pesar de todos sus esfuerzos no han podido impedir que se haya instalado entre los ciudadanos la sensación de deterioro de las Instituciones y los equipamientos, además del coste reputacional para la marca España tiene en el extranjero.
No pretendo con este catálogo de incompetencias una descalificación total del funcionamiento de las Administraciones Públicas. Olvidémonos de una declaración de IVA o desgravemos un gasto de manera incorrecta, tendrán a la Hacienda Pública española encima con mayor rapidez con la que Ole Romer estableció la velocidad de la luz.
Autor: Alfonso del Amo-Benaite. Consultor de Mercados & Marketing.