A día de hoy existen en el Ayuntamiento de Santander 462 plazas sin cubrirse
Con carácter previo a abordar el motivo de la presente rueda de prensa los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander queremos manifestar que nos sumamos al luto oficial por las víctimas en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz y nos solidarizamos con sus familiares y amigos. Centrándonos en el objeto de la rueda de prensa, que deriva de los hechos acaecidos en los últimos días, de los que habéis dado cumplida información los medios de comunicación, relativos a la caducidad de 10 plazas de turno libre de Auxiliar Administrativo, que afecta a 1.295 aspirantes, en ejecución de un criterio establecido por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio y aplicado en una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de la semana pasada, y de los procesos de promoción interna para la cobertura de 14 plazas de Oficial y 6 de Subinspector de la Policía Local, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria del viernes 16 de enero, desde la Junta de Personal nos vemos obligados a denunciar el absoluto despropósito de la política de recursos humanos del Ayuntamiento de Santander en los últimos años.
Despropósito que ha llevado a que en la actualidad, según datos que se desprenden de la propia plantilla municipal, aprobada junto con el presupuesto de la entidad local para el ejercicio 2026, de las 1.303 plazas de personal funcionario que conforman la misma sólo se encuentran cubiertas en propiedad 841. Dicho de otro modo, a día de hoy existen en el Ayuntamiento de Santander 462 plazas sin cubrirse, de las que solamente 114 están siendo desempeñadas por personal interino. Es decir, más de un 35% de las plazas que conforman la plantilla del Ayuntamiento, que sería el número que el equipo de gobierno considera adecuado para poder prestar unos servicios públicos óptimos, no se encuentran cubiertas. Esta situación que se prolonga desde hace años y obliga al sobreesfuerzo de los trabajadores existentes, que han de afrontar las funciones de sus puestos y las de los puestos vacantes, se agrava desde el preciso instante en que los procesos selectivos, lejos de ejecutarse, se dejan caducar por el trascurso del tiempo. Y ello es así porque lo que ha pasado ahora, por desgracia, no es la primera vez que acontece en el Ayuntamiento. De hecho, ya en la legislatura pasada se dejaron caducar otros procesos de promoción interna de la Policía Local. Es más, por poner un ejemplo, no se ejecuta un proceso de promoción interna a Oficial o Subinspector desde hace 16 años. Lo anterior, unido a, como pasa en otras Administraciones Públicas, la avanzada edad media de la plantilla, que implica un goteo constante de jubilaciones, aboca al deterioro progresivo de los servicios públicos municipales, que no sólo han de desempeñarse con menos personal, sino que, además, al no haber relevos con la suficiente celeridad no pueden transmitirse los conocimientos adquiridos por los más veteranos a los más nuevos.
Ante dicho escenario, en la presente legislatura la Alcaldesa, de forma paralela a la contratación con una empresa de un proyecto de rediseño de la estructura organizativa y la elaboración de la relación, valoración y reglamentación de los puestos de trabajo, creó la figura de la Dirección General de Recursos Humanos y Gobernanza Pública, con el objetivo de solventar las diferentes problemáticas existentes en materia de personal. Pues bien, como sabéis, la realidad es que tras más de dos años y medio de legislatura, un porcentaje importante de los acuerdos alcanzados y rubricados en acto protocolario entre los representantes sindicales y el Concejal de Recursos Humanos y el Director General siguen pendientes de cumplirse, que el proyecto de rediseño aludido ni se ha ejecutado, pese a haberse abonado su redacción, ni parece que se vaya a hacer y los problemas preexistentes en vez de solventarse, se han agudizado. Por ello, en el día de hoy, ante la caótica situación expuesta, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander solicita a la Excma. Alcaldesa el cese de los responsables de tal desbarajuste. Esto es, el Concejal de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio y el Director General de Recursos Humanos y Gobernanza Pública.