El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, exige la dimisión del concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Daniel Portilla, tras suspender el Ayuntamiento y anular el proceso selectivo de 10 plazas de auxiliar administrativo
Izquierda Unida (IU) en Santander ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Daniel Portilla, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que obliga a suspender y anular el proceso selectivo de 10 plazas de auxiliar administrativo, al considerar caducadas las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2019.
Así se ha expresado el concejal de la formación, Keruin Martínez, tras conocer la noticia. Martínez ha señalado directamente a la alcaldesa, Gema Igual, y ha calificado lo ocurrido como “un episodio gravísimo que no puede saldarse con explicaciones técnicas”. “Esto debe tener responsabilidades políticas tanto en el responsable directo del área como de la alcaldesa, Gema Igual, por permitir una gestión negligente y reiterada del personal municipal, que nos está llevando a una situación insostenible”, ha criticado.
Martínez ha señalado que “lo que estamos viendo no es un error puntual, sino una dinámica de caos y mala gestión de todo lo que tiene que ver con el personal municipal”. Para él, esta sentencia es solo “la última consecuencia de años de improvisación, retrasos y desprecio por la planificación”.
Cese del director de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia
Asimismo, ha pedido el cese del director de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia, quien ya el pasado mes de septiembre fue advertido por los representantes sindicales de la enorme inseguridad jurídica que rodeaba este proceso selectivo. “Nos consta, a través de los sindicatos, que el director de Recursos Humanos fue advertido de que seguir adelante con esta convocatoria suponía un riesgo jurídico evidente. Aun así, se optó por continuar, entre otras razones, para evitar devolver las tasas a los aspirantes. En última instancia, han perjudicado gravemente a los más de 1.300 inscritos en el proceso a apenas una semana de celebrarse la prueba. Esa decisión política y administrativa es inaceptable”, ha afirmado Martínez.
LARGA LISTA DE CONFLICTOS LABORALES
Izquierda Unida ha subrayado que la resolución judicial, basada en la reciente doctrina del Tribunal Supremo, deja en evidencia la incapacidad del equipo de gobierno del Partido Popular para ejecutar correctamente las ofertas de empleo. “Han generado inseguridad jurídica, frustración entre los aspirantes y un perjuicio directo al funcionamiento de los servicios públicos”, ha lamentado el concejal.
En este sentido, Martínez ha insistido en que este no es más que el último episodio de una larga lista de conflictos laborales y carencias denunciadas durante los últimos años por Izquierda Unida, los sindicatos y otros grupos de la oposición, entre los que destacan las protestas por el incumplimiento de acuerdos y el enfrentamiento de la alcaldesa con la Policía Local.
«Si falla la gestión local, fallan todos los servicios públicos»
“Cuando faltan policías en la calle, cuando no se abonan las horas extra o cuando los servicios sociales están desbordados por la falta de personal, no estamos ante un problema técnico, sino político”, ha advertido el edil. “Si falla la gestión local, fallan todos los servicios públicos. Y cuando este fallo es estructural y sostenido en el tiempo, alguien tiene que rendir cuentas y asumir responsabilidades”.
Por último, Izquierda Unida ha anunciado que, dentro del contacto constante que mantiene con representantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento, ya ha solicitado una reunión urgente para principios de la próxima semana con el fin de abordar tanto la anulación de los procesos selectivos como el conjunto de problemas laborales y organizativos que el Consistorio viene arrastrando.
“El Ayuntamiento es la primera parada en la atención a la ciudadanía, no el último recurso cuando ya no queda otra cosa, que es lo que piensa el PP y los destructores de lo público”, ha insistido Martínez, quien ha concluido que, en este caso, “lo que está en juego no es solo una oposición anulada, sino la credibilidad del Ayuntamiento y la calidad de los servicios públicos que se prestan a los vecinos y vecinas de Santander”.