El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, mantiene el diálogo “si existe seriedad y voluntad necesaria” en los grupos de la oposición
El consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, ha asegurado hoy que Cantabria “no se va a parar” en 2026, pese a la prórroga presupuestaria, que supondrá 219 millones de euros menos para las arcas públicas autonómicas, y ha garantizado el funcionamiento “sin sobresaltos” de los servicios públicos esenciales y la puesta en marcha de medidas que favorezcan el crecimiento económico de la comunidad autónoma.
“La ausencia de presupuestos aprobados para 2026 limita a priori la capacidad de dar respuesta ante los desafíos de Cantabria y dificulta la puesta en marcha de proyectos que permitirían seguir avanzando en ese esfuerzo colectivo de situar a la comunidad en una posición referente a nivel nacional”, ha reconocido el titular de Economía, que también ha asegurado que esta situación exigirá “mayor capacidad de adaptación, mayor planificación y más coordinación para seguir avanzando en los proyectos en marcha y dar respuesta a las necesidades de los cántabros con cercanía, sensibilidad y eficacia”.
«Los servicios públicos esenciales, que sigan funcionando sin sobresaltos»
En este contexto, ha señalado que el Gobierno “seguirá centrando su acción de Gobierno en atender las necesidades de los cántabros” y no se va a detener en su trabajo para que “los servicios públicos esenciales sigan funcionando sin sobresaltos” –“educación, sanidad, transporte y seguridad estará cubiertos durante este periodo”- y para “promover la recuperación económica apoyando a las empresas y fomentando la creación de empleo a través de medidas que favorezcan el crecimiento”.
Además, el consejero ha mantenido el compromiso de diálogo “si existe seriedad y voluntad necesaria” en los grupos de la oposición para que Cantabria cuente a la mayor brevedad posible con un presupuesto que responda a las necesidades de Cantabria”, y ha reiterado que la prioridad del Gobierno es “la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal”.
Sobre la propuesta de Presupuesto para 2026 que planteó el Ejecutivo, ha defendido que contaba “con dotaciones nunca vistas para políticas de salud, educación y servicios sociales”; y con medidas para impulsar el sector primario, familias, autónomos, jóvenes y personas mayores, así como para potenciar la inversión en los municipios.
El decreto
El consejero ha explicado que, tras el bloqueo a la tramitación del presupuesto de 2026 por parte de los grupos de la oposición, con la aprobación de la enmienda a la totalidad el 24 de noviembre, el Gobierno ha estado trabajando en el decreto que hoy ha aprobado en el Consejo de Gobierno ante la imposibilidad de tramitar y aprobar una nueva ley de Presupuestos antes del 1 de enero, según recoge el texto de la norma.
Un decreto que no es necesario para que entre en vigor la prórroga presupuestaria, ya que el Estatuto de Autonomía prevé la continuidad de las cuentas anteriores ante la falta de aprobación de las nuevas el 1 de enero, pero el Ejecutivo de Buruaga ha preferido regularlo para fijar las condiciones a las que se ajustará en cuanto a duración, ámbito de aplicación, gastos que no se prorrogan, criterio de imputación de los gastos, modificaciones presupuestarias necesarias para la apertura contable en 2026 y competencias de la Consejería de Economía durante esta prórroga.
Según el texto aprobado hoy, la prórroga del presupuesto de 2025 durará desde el 1 de enero de 2026 hasta la entrada en vigor de las cuentas de 2026 y se aplicará a todos los entes públicos de la Administración General, Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones Públicas, ACAT, ICAF y Fondo de Derribos.
En cuanto a los criterios de imputación de los gastos durante la prórroga, se atenderán con un orden de prioridad, que sitúa en primer lugar a los compromisos plurianuales con terceros, seguidos de las transferencias de financiación a otras Administraciones Públicas, como es el caso del Fondo de Cooperación; aportaciones dinerarias y contratos programas con entes del sector público autonómico, por ejemplo, con la Universidad de Cantabria; obligaciones por ley y expedientes de tramitación anticipada.
El consejero de Economía ha explicado, además, que se atenderán los gastos del capítulo 1, es decir, los de personal, incluidos los aumentos salariales que entrarán en vigor en 2026. También se hará frente a las dotaciones de plazas comprometidas como consecuencia de los procesos de selección o provisión en ejecución, los compromisos en materia de personal temporal o sustituto imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios públicos, las obligaciones jurídicas que extiendan su efecto a 2026 y los gastos imprescindibles para el funcionamiento de los servicios. Sobre la deuda, ha asegurado que se pagarán los intereses y los vencimientos comprometidos para el año 2026.