Febrero de 2023: La UDEF y la Agencia Tributaria registran la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, varias empresas y domicilios particulares / Septiembre de 2025: El ‘jefe’ de la red deberá pagar además una multa de más de un millón y medio de euros
Los investigados por la trama de Carreteras de Cantabria, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios de la región, han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con el fiscal, en la vista celebrada este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, publica https://cadenaser.com/
Fraude en la contratación, cohecho y blanqueo de capitales
«El acuerdo consiste en la aceptación del principal acusado, pero también de los otros, que son acusados por ser representantes de las empresas implicadas. El acuerdo consiste en admitir su culpabilidad y es lo que muestra este compromiso. El fiscal que lleva el caso y las partes llevan meses trabajando la posibilidad de acuerdo», ha adelantado a la Cadena Ser, el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga.
Pacta con la Fiscalía
De esta manera, la vista para el interrogatorio se ha transformado en un acto de conformidad del escrito, en el que a la hora de fijar las penas se han tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, tras reconocer todos los investigados la veracidad de los hechos imputados y consignar las cantidades exigidas por la parte perjudicada, el Gobierno de Cantabria, para reparar en su «integridad» el daño económico causado, cifrado en más de 1,6 millones de euros.
De este modo, la esposa del funcionario será condenada –de ratificarse la conformidad alcanzada en la vista que se convoque al efecto, dentro del procedimiento por el trámite del jurado iniciado en el marco de esta causa– a un año y un día de prisión y al pago de casi medio millón (478.513 euros) por blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil.
Asimismo, se han pactado dos años de cárcel por fraude en la contratación y cohecho para el resto de procesados: el apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina (Centro de Jardinería y Gestión Inmobiliaria), el administrador de RUCECAN y el apoderado y socio de esta última empresa.
Multa de 1.800 euros
También deberán pagar una multa de 1.800 euros y serán inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad social por un plazo total de cuatro años. Tras una vista anterior, la magistrada sobreseyó la causa respecto de la mercantil Servicios y Obras del Norte (SENOR), de su representante y de un trabajador de API Movilidad, y una de las hijas del matrimonio acusado dejó de ser considerada investigada y figuraba en la causa como partícipe a título lucrativo.
Además, a través del escrito al que ha accedido Europa Press se procede el comiso definitivo de 957.027 euros con cargo a bienes o metálico trabados en las actuaciones a funcionario y su mujer y se cifra en más de 1,6 millones (1.623.257 euros) el perjuicio global generado al Gobierno de Cantabria por el fraude en la contratación, en la adjudicación irregular de obras en carreteras autonómicas (como los puentes de Somo y Pontejos o la pasarela de Solvay), cuantía que en concepto de responsabilidad civil deberán abonar los acusados y de la que más de la mitad (749.648 euros) corresponde al funcionario.
También se declara la responsabilidad subsidiaria respecto de las personas jurídicas por la actuación de sus dependientes o representantes.
Imagen: Sede de la consejería de Obras Públicas de Cantabria. / Cadena SER / Febrero de 2023