«Esta institución inicia las actuaciones oportunas ante la Administración local»
La Asociación Campistas Fijos – Camping Arenas de Ajo ya tiene la primera respuesta administrativa desde que inició las protestas ante el cierre de los suministros de agua y luz en las instalaciones por las que han pagado en el campjng Las Arenas de Ajo. El Defensor del Pueblo, la institución de ámbito nacional que preside Ángel Gabilondo, instará al Ayuntamiento de Bareyo a tratar de conocer las posibilidades de llegar a punto que permita utilizar las instalaciones. La Asociación Campistas Fijos – Camping Arenas de Ajo se ha visto en la obligación de acudir al Defensor del Pueblo de ámbito nacional al no existir esta institución en Cantabria. El Estatuto de Cantabria sí lo contempla, pero no se ha desarrollado. En la vecina Euskadi esa figura es el ARARTEKO.
RESPUESTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
En primer lugar, se le informa de que el Defensor del Pueblo ampara los derechos constitucionales supervisando la actuación de las administraciones públicas y de sus agentes (artículo 54 de la Constitución y Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril) y procurando que actúen con objetividad, imparcialidad y eficacia (artículo 103.1 de la Constitución). Teniendo en cuenta este marco competencial y de conformidad con el artículo 17.2 de la citada ley orgánica, el Defensor del Pueblo no puede interferir en los procedimientos judiciales en trámite, ni revisar las resoluciones que en ellos se dicten. Ello se debe al imprescindible respeto a la independencia y a la potestad jurisdiccional de los jueces y tribunales, que implica que estos están sometidos únicamente al imperio de la ley y que una vez sometido un asunto a su control les corresponde en exclusiva juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (artículo 117. 1 y 3 de la Constitución).
Estos principios constituyen uno de los pilares básicos sobre los que se construye el Estado social y democrático de Derecho, que es la forma de Estado adoptada constitucionalmente por nuestro país y, por ello, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional debe ser respetada por todos los poderes públicos y por todos los ciudadanos e instituciones, incluido el Defensor del Pueblo. Como quiera que se han sustanciado procedimientos judiciales sobre los extremos que expone, y de hecho existe una resolución judicial firme que ordena el cese de la actividad del camping en el que se alojan los miembros de la asociación a la que representa, esta institución considera procedente intervenir únicamente respecto al silencio del Ayuntamiento de Bareyo, al concurrir a ese respecto los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución y los artículos 1, 9, 15 y 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
En consecuencia, esta institución inicia las actuaciones oportunas ante la Administración local a los únicos efectos de la falta de resolución expresa de las solicitudes que presentaron ustedes los días 12 de diciembre de 2023 (número de registro: E202305667) y 23 de enero de 2025 (registro de entrada 2025-E-70). Tan pronto como se reciba la información solicitada, le será comunicado su contenido y las actuaciones que vayan a practicarse. Le saluda muy atentamente.
Más de 100 familias afectadas
La situación ha impactado gravemente a más de 100 familias, quienes se han visto perjudicadas por la falta de respuestas y las decisiones unilaterales de los responsables del camping. Como agravante, el pasado 13 de enero de 2025, el suministro de servicios básicos fue cortado sin notificación previa por parte del camping, dejando a los campistas en una situación de vulnerabilidad.
Acciones legales en marcha
La Asociación ya ha interpuesto la correspondiente acción penal ante los Juzgados de Instrucción de Santoña. La querella presentada, junto con una extensa documentación probatoria, sustenta la consideración de que nos encontramos ante posibles hechos delictivos. Los campistas han sido víctimas de un fraude continuado, y confiamos en que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.