DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA, PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE CANTABRIA
Comparezco hoy ante la extraordinaria situación que estamos viviendo para compartir con todos los cántabros la valoración de su Gobierno sobre el vergonzante acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts para la investidura del candidato Pedro Sánchez. Una valoración unánime y compartida por todo el Consejo de Gobierno para simbolizar con toda solemnidad que de esta situación en la que Pedro Sánchez nos ha metido, saldremos desde la unidad. La unidad de todos los demócratas, sin distinción de ideología.
Temíamos una Ley de Amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor: el avance del independentismo en todos sus postulados y objetivos a costa de la igualdad, la dignidad y el Estado de Derecho que nos hemos dado los españoles. Porque Sánchez está cediendo todo y en todo al chantaje de los independentistas. Una entrega total y absoluta, completa y sin matices, que pagaremos todos los españoles. Se ha unido a quienes tienen como objetivo derrotar al Estado para apoyarles en su lucha a cambio de siete votos. No hay claudicación mayor.
Hasta ahí llega su inmoralidad, su ambición y su traición.
No hay una sola institución española -la policía, la justicia y sus jueces y magistrados, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Estado de Derecho entero- que no se desacredite con este acuerdo que ha entristecido e indignado a la mayoría de los ciudadanos y ha superado con creces las peores expectativas. Un acuerdo que alude al reconocimiento de Cataluña como nación distinta a la nación española. Que recoge que Junts podrá proponer un referéndum de autodeterminación. Que defiende una relación privilegiada y la cesión del 100 por cien de los tributos que se pagan en Cataluña.
Que incluye en la amnistía el lawfare o la judicialización de la política, que supone un ataque sin precedentes a la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes. Que asume el falseamiento de la historia de España y la manipulación jurídica y política de los independentistas. Y que accede a poner un mediador internacional entre Cataluña y España, elevando a la categoría de conflicto internacional lo que no existe y dando por hecho que esta es una cuestión bilateral que pueden resolver dos partidos mediante un pacto privado.
Todo ello después de haber llegado a acuerdos con Esquerra que también privilegian a una minoría en detrimento de la mayoría y liquidan la igualdad entre los españoles que consagra la Constitución, al conceder a Cataluña una financiación a la carta y la quita de la deuda y aceptar el traspaso de las cercanías.
Y todo ello también, a espaldas de los españoles, con ocultación, secretos a dos y actuando en dirección contraria a lo que el PSOE nos dijo en campaña que haría. El independentismo y Pedro Sánchez quieren la resignación de los ciudadanos y las instituciones ante el mayor abuso institucional que se ha producido en este país en 50 años de democracia.
No la van a tener y este Gobierno no se va a callar. No va a permanecer quieto y callado ante lo que supone una traición a la Constitución, al Estado de las Autonomías y también a Cantabria, a la autonomía de Cantabria. Los cántabros tenemos motivos sobrados para no ser indiferentes a un acuerdo que no solo socava las bases de nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia democrática, sino que también va a tener consecuencias en la economía y el bienestar de Cantabria, porque nos sitúa en clara desventaja.
Porque nuestras legítimas aspiraciones como región pasan por solucionar nuestras muchas carencias en materia de infraestructuras, por mantener nuestra posición en el Sistema de Financiación Autonómica y también, por combatir las amenazas que recaen sobre nuestras industrias y sectores estratégicos. Y todo ello se torna mucho más difícil a partir de este acuerdo, porque menos España es menos Cantabria.
La reacción tiene que ser, por lo tanto, una suma de fuerzas institucional, legal, política y social. Tiene que ser firme e inequívoca, pero también cívica, tranquila y serena.
Contamos para ello con la fuerza de todos los demócratas y de nuestras instituciones, con la Constitución Española, con el Congreso y con el Senado, con el Parlamento autonómico, con los Ayuntamientos, con el Poder Judicial, con la Unión Europea y con la alianza con las demás Comunidades Autónomas, porque ha llegado el momento de construir una alianza frente a los privilegios y la desigualdad. Cantabria tiene un Gobierno con convicciones firmes que va a responder a esta infamia, que va a decir basta ya de chantajes y de imposiciones, de cesiones y traiciones.
Y que va a reivindicar que los cántabros somos tan ciudadanos de primera como los demás.
Cantabria y la igualdad de los españoles ante la ley, es el bien que vamos a defender en todos los órdenes, hasta las últimas consecuencias y con todos los instrumentos políticos y jurídicos que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance, en Cantabria, en España y en Europa.
Porque ni España, ni nuestra democracia son negociables y la igualdad de los españoles tampoco. No vamos a consentir que se nos pisotee porque la igualdad y la solidaridad son colegios, son hospitales, son servicios a las personas en situación de dependencia, son infraestructuras de comunicación. Son oportunidades.
Vamos a solicitar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para demostrar que no se puede decidir el futuro de España de forma bilateral, por la puerta de atrás y a espaldas de las demás regiones. Conferencia de Presidentes que es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas cuya finalidad es debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico. Y este lo es.
Por eso, la Conferencia de Presidentes tendrá que pronunciarse cuando se presente la proposición de ley de amnistía que se nos ha anunciado y tendrá que debatir sobre el alcance de los acuerdos que hemos conocido y que comprometen el futuro de la financiación autonómica y la integridad territorial de España.
Además, hemos puesto en marcha toda la maquinaria del Gobierno para empezar a analizar las acciones jurídicas procedentes y preparar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la ley de amnistía esté aprobada y publicada y en cuanto se hagan efectivos los privilegios económicos unilaterales. Hemos tomado la decisión de ir preparando el proceso y pondremos todos los instrumentos de nuestro Estado de Derecho a funcionar para dejar sin efecto las consecuencias de estos acuerdos en el marco de nuestras competencias y uniendo fuerzas con las demás regiones. Porque nos negamos a aceptar que el destino de Cantabria lo decida un prófugo de la justicia desde Waterloo. Por eso, también vamos a ir al Comité de las Regiones -yo misma seré quien lo haga- para garantizar que los cántabros no vamos a perder ni uno solo de nuestros derechos.