Unidas por Santander, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Santander Sí Puede y Equo, ha abogado por dar una «mayor visibilidad» al pueblo gitano mediante la integración de sus representantes en las instituciones, en este caso en el ámbito municipal.

En este sentido, la coalición señala que es «sensible» a la situación de las minorías que componen la sociedad santanderina y «muy consciente» de los problemas a los que se enfrenta cada día el pueblo gitano, afincado en Santander desde hace más de cinco siglos.

Por ello, y con el fin de potenciar su participación ciudadana, Unidas por Santander propone incluir en las instituciones a representantes de este colectivo «como garantía de que su voz es escuchada y atendida».

En esa línea, la coalición se compromete a fomentar un mayor conocimiento de la cultura gitana, que «vaya más allá» del día 8 de abril con la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Al respecto, el candidato, Miguel Saro, ha señalado que las instituciones «son sensibles un día olvidando el resto de los 364 días del año», de ahí que pretenda «un mayor conocimiento de la cultura gitana en la sociedad» mediante «una colaboración estrecha con aquellas asociaciones y comunidades que lleven tiempo trabajando ya en esta dirección para la mejora de los servicios prestados».

De hecho, en su programa electoral Unidas por Santander contempla la creación de la figura del representante del Pueblo Gitano en los diferentes lugares de la administración y servicios sociales en los que estos mediadores prestarán servicios a este colectivo, como puede ser el acercamiento a las normativas, derechos, obligaciones, ayudas y servicios, entre otros.

«Estas personas como representantes del colectivo serán incluidas en aquellos grupos de coordinación y gestión de fondos destinados por las diferentes administraciones y órganos gubernamentales para mejorar la situación del pueblo gitano», recoge el programa de Unidas por Santander.

La coalición se compromete también a fomentar «un mayor conocimiento de sus derechos y obligaciones, en respuesta a su demanda de una mayor atención por parte del colectivo educativo para su integración».

También considera que la administración debe velar por las normativas que regulan los ‘mercadillos’ y llevar a cabo un estudio sobre las actuales normas que regulan estos espacios en Santander.

En cuanto a la vivienda, señala que el colectivo gitano «está afectado sobremanera por los desahucios, viéndose abocados en muchas ocasiones a la ocupación en precario». Por ello, se compromete a promover «un ayuntamiento libre de desahucios» y un acceso «real» a la vivienda en la ciudad, con el estudio y asesoramiento de cada caso planteado a la administración.