Operación ‘Cíclope’ en Riotuerto: 18 detenidos, 200 armas incautadas y más 100.000 € en metálico

La Guardia Civil ha detenido a un total de 18 personas, de las que seis están en prisión, e investiga a ocho más al desarticular una banda internacional asentada en Cantabria y dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego, de las que se han incautado cerca de 200 así como más de 100.000 euros en metálico.

La operación, denominada ‘Cíclope’ y efectuada en colaboración con la policía francesa, se inició el pasado otoño ante las sospechas de que un vecino del municipio cántabro de Riotuerto -sin antecedentes y también en prisión- podría estar dedicándose a comprar armas en el país galo para venderlas después en la región, a cazadores, coleccionistas, gente que ha perdido la licencia o delincuentes comunes por delitos de drogas, contra el patrimonio y violencia a las personas, incluso de género.

En total, se han practicado 16 arrestos en España -15 en nuestra Comunidad y uno en Vizcaya– y dos más en el país vecino, y hay ocho personas imputadas en calidad de investigadas.

Y se han incautado 197 armas, de las que más de la mitad -121- son cortas (pistolas y revólveres), 71 largas (escopetas de uno y dos cañones, rifles, carabinas y de avancarga) y cuatro de guerra.

Entre ellas figura una escopeta de asalto policial «especialmente peligrosa», pues requiere «cierta habilidad» ya que es «difícil» de controlar y los disparos pueden causar «daños colaterales».

A todas se suman una máquina de recarga de cartuchería junto con un kilo de pólvora negra, un millar de pistones para la elaboración de cartuchos y 6.282 cartuchos de diferentes calibres. Y también diversos elementos, como una mira telescópica, un silenciador, un arma de electroshock ‘Taser’, un bolígrafo pistola y diferentes armas blancas.

De los detalles de la compleja operación con la que ha caído esta banda criminal han informado este viernes desde el acuartelamiento de Campogiro, el delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría, el coronel jefe de la Guardia Civil, Luis Antonio del Castillo, el capitán Juan Antonio Álamo Montes y el teniente Ismael.

OPERACIÓN

Según han explicado a los periodistas, ‘Cíclope’ arrancó en septiembre de 2018 comprobando en fincas de Riotuerto en propiedad y alquiladas por el cabecilla de la banda -que carecía de licencia de armas- que había numerosos impactos de distintas municiones en los árboles, así como latas agujereadas empleadas para practicar puntería.

Los agentes constataron además que el sospechoso viajaba de forma periódica al sur de Francia, al principio una vez al mes y acompañado por otra persona, y luego dos veces en compañía de otros tres y con dos vehículos, uno de los cuales hacía de ‘lanzadera’ para detectar e informar al otro de posibles controles policiales, especialmente en pasos fronterizos, y esconder así el armamento.

Una vez en el país vecino, los implicados acudían a lugares frecuentados por comerciantes de armas y antigüedades para adquirirlas junto con municiones, extremos que fueron confirmados por la policía gala que se encargaba de vigilarlos en suelo francés.

De regreso a Cantabria, los integrantes de la banda se dedicaban a «acaldar» las armas adquiridas, que solían comprar en «peor» estado porque así eran más baratas y para obtener después de su puesta a punto un mayor beneficio.

Las vendían, a través de un grupo de intermediarios, a terceros de diferente perfil: cazadores (con licencia, pero que querían armas cortas o no registradas), coleccionistas (algunas de las incautadas son originales y de gran valor), delincuentes comunes (por delitos de tráfico de drogas, contra el patrimonio, violencia hacia a las personas e incluso de género y que las adquirían sin «regatear» el precio) y gente que había perdido la licencia por diversos motivos, como edad avanzada.

Así, la «ambición» de la banda con este negocio -«enormemente lucrativo» por el valor de las armas en el mercado negro, donde pueden llegar a «cuadriplicar» su precio- llegó al extremo de ofrecer una a una persona convaleciente en el Hospital Valdecilla, tras haberse sometido a una operación de corazón.

Con todos los indicios, la Guardia Civil llevó a cabo el pasado mes de julio un total de 34 registros en domicilios, cabañas, locales comerciales y almacenes, en Riotuerto, Selaya, Saro, Sobremazas, Beranga, El Astillero, Anaz, San Salvador y Solares. Por su parte, la Policía Nacional francesa entró en dos inmuebles, aprehendiendo dos armas cortas y cuatro largas, todas ilegales.

Fruto de la colaboración entre ambos Cuerpos se ha desmantelado una de las redes dedicadas al tráfico ilegal de armas más importantes de las asentadas en España en los últimos años, debido al volumen de ejemplares que introducían en nuestro país y de personas implicadas.

Los 18 detenidos, y a los que podrían sumarse más en próximas fechas porque la operación sigue abierta, están acusados de tenencia, depósito y tráfico de armas y municiones, tenencia de armas prohibidas y depósito de armas de guerra, así como pertenencia a organización o grupo criminal.

Debido a la variedad de delitos, el abanico de penas al que se enfrentan es igualmente diverso, llegando «en el peor de los casos» (armas de guerra o prohibidas) a condenas de entre cinco y diez años de cárcel.

Tras las desarticulación de la banda, el servicio de criminalística deberá ahora acometer el «trabajo oscuro» de estudiar el material incautado para determinar la procedencia de las armas y si se han empleado o no en hechos delictivos, entre otras cuestiones.

COLABORACIÓN

Esta operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medio Cudeyo, ha sido desarrollada por el Grupo de Información de Cantabria con el apoyo de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

En la fase de explotación ha contado con la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ), los equipos territoriales de Policía Judicial de Santoña y Camargo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Cantabria, el Servicio Cinológico Central con sede en Madrid, el Grupo de Información de la Comandancia de Vizcaya y la Intervención de Armas y Explosivos de Cantabria y de Bilbao.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil, que es el Cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos.

En consecuencia, el Servicio de Información de la Benemérita realiza un importante esfuerzo para detectar y neutralizar los nuevos procedimientos y canales de distribución ilegal de armas de fuego que van apareciendo.

Así, en los últimos cinco años se hallan explotado más de 36 operaciones contra redes de tráfico de armas con el resultado de 335 personas detenidas, más de 3.507 armas de fuego incautadas (muchas de ellas de guerra) y 383.627 cartuchos metálicos intervenidos.

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